septiembre 29, 2022
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Cadena Meliá aumenta presencia en Cuba y contrata empresa para vigilar política estadounidense hacia Ia Isla

Texto: Redacción Cuba Noticias 360

La cadena española Meliá anunció la apertura de nuevos hoteles en la Isla para el inicio del año 2023. También hizo público la contratación de la consultora The Raben Group para poder vigilar y actualizar las políticas de sanciones comerciales, que aún continúan vigentes del Gobierno Trump a Cuba, en lo referente a las hoteleras españolas que operan en la Isla.

El “2023 será el año de las nuevas aperturas, arrancaremos con la del Sol Caribe Beach y a mediados de año abrirá el Meliá Trinidad Península”, comunicaron fuentes de Meliá al medio Hosteltur.

El Sol Caribe Beach, en Varadero, tiene pactada su apertura para el 1 de enero del próximo año, mientras que el Meliá Trinidad Península, en la villa espirituana abrirá el primer día de mayo del 2023.

Sobre este último establecimiento, Meliá precisa que será un “hotel bastante moderno, pero que respetará en su arquitectura y servicios la esencia de la región, que es una de las más pintorescas de Cuba”.

Con estas dos nuevas adquisiciones la cadena española sumaría un total de 34 instalaciones en la Isla, de las cuales actualmente están operativas 20, y a partir del 1 de noviembre reabrirán todos los que mantienen cerrados coincidiendo durante la temporada alta del turismo en Cuba.

Con respecto a la consultora The Raben Group la cadena contrató sus servicios pues pese a la llegada del nuevo gobierno de Biden, que ha cedido en algunas medidas, podría haber nuevos movimientos en la política estadounidense que afectaría la actividad en Cuba, por lo que la compañía de vigilancia estaría monitoreando los posibles cambios legislativos en las políticas de Estados Unidos, según cita el medio español Última Hora.

La consultora trabaja en dos artículos de la ley Helms-Burton que el Departamento de Estado de EE.UU sacó de nuevo a la luz en 2019, los cuales tratan sobre le facultad para iniciar acciones contra “extranjeros que hayan confiscado bienes de nacionales estadounidenses o traficado con dichos bienes”, con lo cual pretendían amparar los reclamos de descendientes de cubanos exiliados y que fueron expropiados por el gobierno cubano.

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