Texto: Mónica Fernández
Tres reportes sobre Cuba han sido actualizados en el mes de mayo por el Servicio de Investigación del Congreso de los Estados Unidos, un equipo no partidista de analistas que trabajan directamente para los miembros de la rama legislativa del gobierno. El propósito de esta oficina es ofrecer información factual y pública que contribuya al proceso de toma de decisiones.
Los reportes son:
- “Cuba: Panorama de la política de EE.UU.”
- “Cuba: Restricciones estadounidenses a los viajes y las remesas”
- “El comercio agrícola de Estados Unidos con Cuba: Limitaciones actuales y perspectivas de futuro”
Los dos primeros parecen ser actualizaciones periódicas, realizadas por el veterano Mark Sullivan, quien por años ha sido el principal investigador sobre temas de Cuba para el Congreso. El tercero, es una nueva versión de un reporte producido en 2016, que se actualiza justo esta semana en que la senadora Amy Kobluchar presentó una propuesta de ley para levantar el embargo comercial a Cuba.
En lo que va de año, el Servicio de Investigación del Congreso ha producido o actualizado un total de cinco reportes específicos sobre Cuba. Esto contrasta con los realizados durante la administración Trump: máximo dos al año, y centrados fundamentalmente en las sanciones.
En el panorama de la política estadounidense hacia Cuba, el reporte afirma que “mientras estuvo en el poder, de 2006 a 2018, Raúl Castro comenzó a implementar cambios significativos en la política económica, avanzando hacia una economía más mixta con un sector privado más fuerte, pero el enfoque lento y gradual de su gobierno no produjo grandes mejoras” y que, aunque ya no está en el poder, el lema del gobierno “Somos continuidad” indica que un cambio político es improbable. Asimismo, el reporte resume las principales áreas en las que se enfocaron las sanciones durante la administración Trump: detener las exportaciones de petróleo venezolano a Cuba, demandas relacionadas con bienes confiscados, restricciones a los viajes y las remesas, sanciones comerciales y financieras, así como enfocadas en la penalización de las violaciones a los derechos humanos, y la designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo.
Mucho más extenso y exhaustivo es el reporte que examina la evolución de las restricciones a los viajes y las remesas a Cuba desde el año 1999, centrándose en las particularidades de los cambios realizados bajo las administraciones de Obama y Trump, así como el estado actual de las regulaciones sobre estas áreas.
“Antes de 1960, Cuba era el noveno mercado de exportación para los productos agrícolas estadounidenses. Actualmente, las exportaciones agrícolas estadounidenses a Cuba son mínimas, y la carne de pollo representa más del 90% de los 157 millones de dólares en envíos de 2020” aclara el reporte sobre limitaciones y perspectivas del comercio agrícola entre ambos países. Asimismo, identifica cuales son las medidas que más impactan la exportación de productos estadounidenses a Cuba: la prohibición de conceder financiación y créditos privados, la denegación del acceso a las garantías crediticias del gobierno estadounidense y a los programas de promoción de las exportaciones del Departamento de Agricultura, y la prohibición general de las importaciones estadounidenses de productos cubanos. El reporte aclara que los últimos estudios en profundidad sobre las potencialidades del mercado cubano para los Estados Unidos datan de 2014 y 2015 y fueron realizados por la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, y el Servicio de Investigación Económica del Departamento de Agricultura, respectivamente. Esta desactualización de más de cinco años es probablemente la razón por la cual el actual reporte se centra en las potencialidades de exportación de azúcar a los Estados Unidos, precisamente el año en que la zafra cubana produjo sus resultados más bajos.
Un reporte de febrero de 2021, recién iniciada la presidencia de Joe Biden, provee un perspicaz comentario: “cualquier cambio en la política estadounidense hacia Cuba en la Administración Biden será probablemente objeto de debate y supervisión por parte del Congreso. Los congresos anteriores apoyaron la financiación de programas de derechos humanos y democracia por parte de Estados Unidos y la radiodifusión patrocinada por el gobierno de Estados Unidos hacia Cuba, así como resoluciones que expresaban la preocupación por los derechos humanos, pero las opiniones a menudo divergían en cuanto al mejor enfoque para influir en el comportamiento del gobierno cubano. Es posible que estos enfoques divergentes continúen en el 117º Congreso”. Y esa parece ser la estrategia de la actual administración: dejar en manos del Congreso los debates y propuestas sobre Cuba, sin apresurarse a tomar medidas al respecto.
