Texto: Redacción Cuba Noticias 360
La Corte Penal Internacional (CPI) informó que extenderá hasta el próximo 16 de abril, el plazo que había otorgado a las autoridades de Venezuela para que presentaran un informe acerca de las investigaciones que el gobierno puso en marcha, sobre presuntos crímenes de lesa humanidad.
El texto del fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, indica que “en un espíritu de cooperación, de diálogo y de equidad, el Fiscal aceptó además conceder a Venezuela una prórroga de tres meses, a saber, hasta el 16 de abril de 2022″ para informar a la corte sobre su investigación en base al artículo 18(2), dado que este plazo expira el 16 de enero».
Khan había anunciado el 3 de noviembre pasado la apertura de la investigación en el país sudamericano, y ese mismo día, firmó un memorándum de entendimiento con las autoridades venezolanas donde el gobierno de Maduro consideraba que las denuncias debían ser investigadas por las instituciones nacionales.
Vale destacar que la CPI actúa como tribunal de última instancia, interviniendo únicamente cuando los tribunales nacionales no tienen la capacidad o el interés para investigar y juzgar los delitos internacionales más graves, según corresponda.
De ahí que asegura el documento publicado en la página web del organismo internacional, que esta extensión del plazo es «adecuada y justificada», dado que el Estado venezolano solicitó información adicional sobre los hechos que son objeto de la investigación el 3 de enero y la respuesta se les dio el pasado 13 de enero, según refiere Efe.
Aclara el texto, que la prórroga también esta justificada para dar tiempo suficiente para que Khan viaje a Venezuela y se reúna con el Gobierno de Nicolás Maduro y pueda conversar sobre cuestiones de admisibilidad, con miras a evaluar, «entre otras cosas, la posibilidad de recurrir a procedimientos del artículo 18» del Estatuto de Roma.
El artículo 18, numeral 2, establece que, tras la apertura de una investigación formal, el Estado puede informar de que está llevando a cabo una investigación de casos que puedan constituir crímenes de la competencia de la CPI, como los de lesa humanidad.
De acuerdo al diario digital argentino infobae, el Ministerio Público del país sudamericano reportó que la justicia venezolana ha imputado a unos 150efectivos policiales y militares por violaciones de derechos humanos desde 2017.
Sin embargo, miembros de la organización Human Rights Watch y de la oposición venezolana, consideran que esas acciones se tomaron únicamente para evitar el proceso judicial internacional y vender una imagen de colaboración, sin reales cambios.
Human Rights Watch ha documentado que el poder judicial de Venezuela no ha investigado adecuadamente los abusos generalizados en el país, a pesar de que existen evidencias contundentes, y que la mayoría de las violaciones de derechos humanos quedan impunes.
Por su parte, el fiscal jefe de la CPI ha planteado en una ocasión que “puede haber una serie de razones para que la gente quiera un cambio” en el Ejecutivo venezolano, pero que su trabajo debe centrarse en que las evidencias recolectadas “sean sólidas y no estén contaminadas o construidas por agendas particulares”.
