Foto: Roy Leyra | CN360
Texto: Redacción Cuba Noticias 360
El gobierno cubano contrató otra nueva central flotante para la generación eléctrica procedente de Turquía. El encargado de difundir la noticia fue el ministro de Energía y Minas, Liván Arronte Cruz, mediante su cuenta en Twitter. «Se concreta con la compañía turca Karen el envío próximamente a Cuba de una central flotante que aportará 15 MW al Sistema Eléctrico», escribió el titular.
Recordemos que hace menos de seis meses, Cuba contrató la última de estas plataformas para ser instalada en la bahía de La Habana, la cual se sumó al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) con la proyección de aportar unos 130 megawatts (MW) adicionales de potencia.
La que llegará en las próximas semanas, sería la quinta y se prevé aporte 15 MW al Sen.
Hasta el momento en Cuba funcionan cuatro centrales flotantes, tres en la Bahía de La Habana, incluida la mencionada que llegó al país en noviembre pasado, y otra en las proximidades de la central termoeléctrica de Mariel, en Artemisa.
En ocasión de haberse instalado la última central, el director técnico de la Unión Eléctrica (UNE), Lázaro Guerra Hernández, dijo que esa tecnología se utiliza, normalmente, en situaciones de crisis, pues siempre se trata de que la generación propia asuma la demanda.
Explicó también que es una opción más económica y rápida que construir nuevas termoeléctricas u otros sistemas de generación en el país. Sin embargo, desde el Ministerio de Energía y Minas nunca han hecho referencia a los costos del alquiler de estas patanas.
En la Mayor de las Antillas se genera hasta el 12 por ciento de la electricidad de uso nacional con este tipo de fábricas.
El pasado fin de semana se conoció de la salida de servicio de dos unidades en las termoeléctricas de Felton, en Artemisa, y Nuevitas, Camagüey, mientras la Termoeléctrica Antonio Maceo, de Santiago de Cuba, tenía dos de sus cuatro bloques fuera del servicio, uno por mantenimiento y otro por avería. Dichas roturas complican el panorama de generación energética nacional y obligó a los gobiernos provinciales a anunciar apagones programados, con el fin de «afectar lo menos posible a la población».
