Foto: Antena 3 Noticias
Texto: Mónica Fernández
Desde hace varios años, los Premios Nobel son polémicos. El de la Paz, el que más.
Basta recordar que el presidente Barack Obama lo recibió a solo un año de comenzar su mandato “por sus extraordinarios esfuerzos para fortalecer la diplomacia internacional y la colaboración entre los pueblos” pero a su vez ostenta el récord de ser el primer presidente estadounidense en completar dos períodos completos de su mandato teniendo tropas de su país en combate activo. La tendencia de nombrar presidentes es notable en los Nobel: no solo los estadounidenses; en tiempos recientes tenemos el caso de Juan Manuel Santos, que a tan solo nueve días de que por medio de un referendo el pueblo colombiano se negara a ratificar el Acuerdo de Paz, se le concedió el Nobel por su “esfuerzo”, que terminó siendo fallido tras el fin de su presidencia. Los Nobel de la Paz han probado ser más consistentes cuando se conceden a individuos que, sin cargos políticos de relevancia, han realizado un activismo sostenido y comprometido. Personas que, además, se identifican con causas que les afectaron en lo personal. Tal es el caso de la iraquí Nadia Murad, galardonada en 2018. Cuatro años antes fue tomada como esclava por el Estado Islámico y sufrió todo tipo de violencias. Tras escapar y recibir refugio en Alemania, se convirtió en una activista contra la trata de personas y violencia sexual.
Este año, el Nobel de la Paz ha sido conferido a dos periodistas: Maria Ressa (Filipinas) y Dmitri Muratov (Rusia), «por sus esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión, que es una condición previa para la democracia y la paz duradera.» El premio tiene un doble valor: porque de los múltiples temas que han aquejado al mundo en el último año (incluyendo al COVID-19) se decidió dar prioridad a la libertad de expresión. Y porque Ressa es la única mujer galardonada en esta ocasión; entre 2002 y 2021, solo el 12,4% de los Premios Nobel fueron a mujeres. Hubo en total 329 candidatos aspirando al Nobel de la Paz, incluyendo a la Organización Mundial de la Salud, la ONG Reporteros Sin Fronteras, el movimiento estadounidense Black Lives Matter, la brigada médica internacionalista cubana Henry Reeve, e incluso Jared Kushner, el yerno del expresidente Donald Trump. Cada una de estas nominaciones probablemente tenía buenos argumentos a favor pero, sin lugar a dudas, también en contra. La brigada médica cubana no tenía posibilidades porque, a pesar de la campaña mediática de Cuba, las alegaciones de tráfico y violaciones a derechos laborales a sus integrantes continúan siendo un debate abierto.
En un texto de opinión criticando la no elección de la brigada Henry Reeve, el diario Granma ha sido especialmente crítico con Maria Ressa por su afiliación laboral con CNN o porque su medio, Rappler, ha recibido financiamiento de la National Endowment for Democracy (NED). La periodista, además, ha sido galardonada como Fullbright Scholar, algo que Granma no menciona. Pero, ¿acaso esto es algo que ella haya negado u ocultado? No, es información completamente pública.
Resulta irónico que Granma prefiriese centrarse en la periodista y no en la razón por la cual fue premiada: la denuncia a los crímenes cometidos por el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte. De hecho, en 2019 su gobierno lideró una campaña de descrédito no solo contra Ressa y su medio, también contra el Centro Filipino de Periodismo Investigativo, que afirmaba sin pruebas que los fondos de la NED provenían de la CIA, con fines desestabilizadores. Un guión que puede resultar parecido al del gobierno cubano, hace entender por qué la premiación causó tantas molestias en la Isla.
El debate sobre la procedencia de los fondos para hacer periodismo es muy complejo. Sin embargo, cuando los gobiernos limitan cualquier posibilidad legal de obtener fondos en el país de origen, los medios han de debatirse entre si cesar de hacer periodismo o buscar apoyo en el extranjero. ¿Que muchas veces estos apoyos pueden tener matices políticos? Ciertamente. Queda en los hombros de los profesionales del periodismo la dura carga de saber que han de realizar elecciones éticas, dejar claras sus posturas ante cualquier posible mecenas y ofrecer transparencia a sus audiencias, so pena de perder totalmente su credibilidad. La alternativa es sencillamente no reportar y dejar al poder campar a sus anchas sin ningún tipo de rendición de cuentas.
¿Por qué Granma no ha realizado nunca un análisis exhaustivo de cómo los gobiernos locales han empleado los fondos provenientes de la cooperación internacional? Quizás tenga que ver el hecho de que, a pesar de todas las campañas de descrédito contra el periodismo independiente, el diario no puede omitir un hecho indiscutible: cualquier persona puede acceder a la base de datos de financiamientos de la NED porque es pública; mientras tanto, el gobierno cubano no da a conocer desgloses financieros de prácticamente ningún área de su gestión. Lo que hoy saben los ciudadanos cubanos sobre los apoyos económicos concertados con Cuba, es gracias a los portales de transparencia de los organismos que aportan los fondos, que no siempre están completos o actualizados.
Que el Premio Nobel 2021 se enfocase en la importancia de la libertad de expresión y el periodismo independiente sí es pertinente. Maria Ressa y Dmitri Muratov son solo las caras en esta ocasión. Pudo haber sido un periodista mexicano reportando sobre narcotráfico, un periodista holandés que investiga sobre crimen organizado, o un periodista cubano…
Si Granma considera que el periodismo está limitado por “oscuros financiamientos”, ¿qué mejor manera de apoyarlo que legalizando y apoyando a los profesionales que hoy trabajan por ofrecer a la ciudadanía la información a la que tienen derecho? No hacerlo lo único que evidencia es que el poder, a fin de cuentas, también tiene oscuros intereses.
