diciembre 1, 2022
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Havana

Cuba en el Consejo de Derechos Humanos, acto de repudio y el derecho a una vivienda

Texto: Mónica Fernández

Cuba tuvo hoy su primera participación como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El Ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, intervino en el Segmento de Alto Nivel del 46° período ordinario de sesiones de este órgano. Centró su discurso en el acceso a la salud, el rechazo a la inclusión de Cuba en la Lista de Países Patrocinadores del Terrorismo, y los programas cubanos contra el racismo y para el adelanto de las mujeres.

Resulta contradictorio que mientras ayer el ministro Rodríguez hablaba ante Naciones Unidas del compromiso de Cuba con el desarme, en una localidad en la periferia de La Habana tuvo lugar un acto de repudio que terminó en claro vandalismo, todo con la anuencia del personal de gobierno y policial que allí se encontraban. ¿La razón? Unos textos antigubernamentales pintados en la pared de una vivienda ocupada de forma ilegal por una mujer y sus hijos.

Tan solo 24 horas después, Rodríguez ha asegurado ante las Naciones Unidas que Cuba honra sus compromisos de cooperación con los mecanismos de derechos humanos de aplicación universal. No sorprende entonces que reine el escepticismo al escucharlo decir hoy que: “defenderemos el diálogo respetuoso y constructivo, en contraposición a los enfoques punitivos, la manipulación política y la selectividad”.

Durante los últimos meses se ha incrementado el abismo entre gobierno y ciudadanía, y se ha dado rienda suelta precisamente a comportamientos punitivos, manipuladores y selectivos en la política nacional. El presentador televisivo Humberto López es la cara más mediática de ello.

La violencia emocional que transmite el video de los sucesos de ayer – el acto de repudio, los gritos dentro y fuera de la casa, el traspaso al interior del patio saltando una cerca ante la mirada de al menos una veintena de personas, la creencia luego desmentida de que la mascota familiar había sido asesinada, la pintada chapucera de la fachada – se tradujo en un revuelo inmediato a través de las redes sociales. Pero quienes ven el episodio de ayer de forma aislada, pecan de simplistas. Para analizar lo que pasó, primero hay que entender que Anyell Valdés Cruz lleva más de cinco años en franca desavenencia con el gobierno local debido a la falta de vivienda.

Desde diciembre de 2015, Valdés ocupó de forma ilegal un local perteneciente al Estado en la barriada Los Pinos, Arroyo Naranjo. Según contó en ese entonces a Cubanet, su anterior vivienda estaba clasificada como “inhabitable irreparable” y desde 1987 constaba con un expediente de albergue. Cuando sus gemelos, hijos del opositor Roberto Ferrer Gener, contaban con dos meses de edad, ella tomó la decisión de ocupar el local donde aún vive.

Algunos reportes dicen que era un almacén de recogida de materias primas perteneciente a los CDR y otros que era una Casa del Combatiente. El hecho es que estaba abandonado y al ocuparlo, ella le realizó algunas mejoras para hacerlo habitable.

El 19 de marzo de 2018, ante la amenaza de desalojo, Valdés se personó a las afueras de las oficinas del Consejo de Estado en la Plaza de la Revolución, donde fue brevemente detenida. Desde entonces se hicieron frecuentes sus protestas por la imposibilidad de legalizar la propiedad. Un video supuestamente tomado en febrero de 2020 y subido a Facebook, muestra a Valdés y sus hijos con un cartel de repudio al gobierno, tras recibir la negativa al cambio de uso del inmueble. Más tarde ese año, Valdés se uniría a los acuartelados de San Isidro, aunque no es miembro del grupo de mismo nombre.

El episodio del lunes 22 de febrero de 2021 vino así a sumarse – de forma mucho más dramática – a los anteriores por los que ha transitado la familia de Valdés durante los últimos cinco años. El día anterior ella había pintado la fachada de la casa con los textos “Patria y Vida”, “#Revolución es Represión”, “Díaz Canel, no te queremos”, “No queremos dictadura” y “Abajo la dictadura”. La respuesta fue una movilización de personas, entre las que el diario 14ymedio ha identificado a la Intendente de Arroyo Naranjo, Kirenia Pomares.

Una lona impresa con la foto de Fidel Castro presidió el acto, que algunas personas han afirmado que más que acto de repudio, debe ser calificado como acto de odio. Al menos dos hombres y una mujer saltaron la cerca de la casa y, usando pintura azul, cubrieron los carteles de la fachada, dejando en su lugar otros que rezaban “Patria o Muerte” y “Fidel”.Tras la indignación inicial, a través de las redes sociales se está organizando una campaña para reunir fondos con los que repintar la casa.

Más allá de su relación con el opositor padre de sus hijos, no hay constancia de que Anyell Valdés Cruz desarrollase algún activismo político previo a su odisea por la falta de vivienda. Teniendo en cuenta que el derecho a tener una vivienda adecuada fue reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, este caería entre los compromisos de cooperación con todos los mecanismos de derechos humanos de aplicación universal que el ministro Rodríguez asegura que Cuba honra.

Como madre de más de tres hijos, Valdés debería ser elegible para recibir los beneficios asociados al Programa de Atención a la Dinámica Demográfica Cuba y a la Política Nacional de la Vivienda. En junio de 2020, el Ministro de la Construcción, René Mesa Villafaña, dijo durante una Mesa Redonda que no en todos los casos se daba una nueva vivienda a estas madres, sino que se estudiaba la situación del inmueble donde residían.

¿Acaso no existe ningún mecanismo que permita que el inmueble que Valdés ocupa de forma ilegal pueda ser regularizado? ¿Su activismo político la pone en situación de que sus derechos sean vulnerados? ¿O su activismo político sencillamente ha puesto en mayor evidencia el inmovilismo burocrático en un sector tan sensible como lo es la vivienda?

Hasta el momento, el gobierno cubano no se ha pronunciado sobre lo sucedido el lunes 22 de febrero en Los Pinos. Lo más cercano a una postura oficial es un post en Facebook del perfil pro-gubernamental La Página de Mauro Torres, quien dice que Anyell Valdés quiere “tumbarle una casa al Gobierno” y asegura que ella ha rechazado propuestas para ser reubicada en el “mejor albergue del municipio”.

Pero ¿pintar textos políticos en una fachada realmente amerita la reacción desproporcionada de ayer? Si el propio Torres (que aparentemente es un seudónimo) reconoce que pintar un texto provocador en una pared iba a generar un espectáculo, ¿hasta que punto las autoridades se dejan provocar en vez de asumir una negociación constructiva o una salida más diplomática?

Anyell Valdés Cruz no es un modelo de ciudadana: ocupó una vivienda de forma ilegal, no trabaja y ha encontrado en la oposición política una vía para canalizar frustraciones que comenzaron siendo de índole económica. En especial, encuentro reprochable el que involucre a sus hijos y los utilice como escudo, que los lleve a las protestas y los exponga a la violencia que ello genera. ¿Quiere esto decir que por ello sus derechos pueden ser vulnerados? No, justo lo contrario. La Declaración Universal de Derechos Humanos lo deja claro: todas las personas son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley.

La historia probó el costo político de los actos de repudio de la década de 1980. ¿Acaso los dirigentescubanos tienen tan corta memoria? La violencia genera violencia: cada vez que se decide responder al disenso con agresión (ya sea física o emocional) la ciudadanía se resiente y a su vez ataca y desacredita a las instituciones de gobierno.

En estos momentos el diálogo es prácticamente inexistente, la realidad política cubana es un campo de batalla fragmentado. En ese escenario, ¿cómo es posible hablar de avanzar los derechos humanos?

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