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Texto: Mónica Fernández
El pasado 30 de junio, el Parlamento de Lituania (Seimas) aprobó una Resolución (82 votos a favor y 17 abstenciones) condenando al gobierno cubano. El proyecto de resolución fue presentado por 35 diputados, entre ellos la presidenta del Parlamento, Viktorija Čmilytė-Nielsen, el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Žygimantas Pavilionis, y los diputados conservadores Emanuelis Zingeris y Laima Liucija Andrikienė, entre otros.
«No es políticamente conveniente ratificar el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación UE-Cuba y no crear condiciones favorables al Gobierno de la República de Cuba que permitan al régimen de la República de Cuba continuar con su peligrosa estrategia regional y reforzar la opresión del pueblo cubano». Este fragmento de la resolución, así como declaraciones del presidente de la organización Cuban Prisoners Defenders, Javier Larrondo, citando el artículo 25 de la Convención de Viena, han despertado inquietudes respecto al futuro del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y Cuba.
Pero, ¿por qué si el Acuerdo fue firmado en 2016, Lituania se pronuncia ahora? En primer lugar, hay que recordar que Lituania es el único país que no ha ratificado el Acuerdo. Sin su anuencia, este documento político no podrá entrar en vigor de forma permanente, y ya lleva cinco años funcionando de forma provisional. Está en manos del Parlamento lituano, ratificar dicho documento, y su reciente Resolución apunta a que no lo hará. Pero entendamos un poco mejor el contexto y el propósito que puede tener la reciente votación.
El 18 de marzo de 2021 el eurodiputado por Renew Europe, Ramón Bauzá, solicitó al Alto Representante Josep Borrell una respuesta por escrito acerca de qué pasaría con el Acuerdo en caso de que Lituania se negase a ratificarlo. Tres meses después, la respuesta ofrecida puede haber sido la razón por la que el Parlamento lituano se decidiera a pronunciarse. Con fecha del 2 de junio de 2021, Borrell respondió a Bauzá que: “El Alto Representante/Vicepresidente no tiene conocimiento de que Lituania haya notificado a la Unión Europea que no considerará la posibilidad de ratificar el acuerdo. Por lo tanto, la Unión Europea supone que Lituania ratificará el acuerdo a su debido tiempo”. De igual forma, aclaró que el derecho internacional no establece ningún límite temporal específico en cuanto a la duración de la aplicación provisional de un acuerdo. Dado que lleva cinco años en vigor de forma provisional, en caso de continuar Lituania sin pronunciarse, este estatus se pudiera prolongar indefinidamente. A modo de respuesta, el Seimas votó la Resolución del 30 de junio, dejando clara su postura de no ratificar el Acuerdo en tanto no se cumplan determinadas condiciones.
Pero Borrell tenía razón en su argumento: hasta este 30 de junio, el parlamento lituano no había descartado la posibilidad de ratificar el Acuerdo. El pasado año, la comisión parlamentaria de Asuntos Exteriores intentó votar sobre este tema, pero los miembros del partido Unión de la Patria – Democratacristianos Lituanos abandonaron la sala en señal de protesta.
De acuerdo con un medio local, estos políticos afirmaron que el acuerdo serviría al régimen antidemocrático de Cuba, traicionando a los presos políticos cubanos y a sus partidarios en el Congreso de los Estados Unidos. No obstante, el medio también señala que expresaron interés en utilizar la «carta de Cuba» para buscar el apoyo de la Unión Europea contra una central nuclear bielorrusa que Lituania considera insegura. El voto fue controvertido desde un inicio ya que, tras su anuncio, el Primer Ministro lituano recibió una misiva del entonces Secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, pidiendo que el país continuase votando en contra del Acuerdo, “como símbolo de su apoyo al pueblo cubano”.
Rosa María Payá, líder de Cuba Decide, se unió a esta solicitud: «Pedimos al pueblo y a los parlamentarios de Lituania, que conocen las desgracias del comunismo y la importancia de la solidaridad internacional, que tomen partido por el pueblo cubano y no ratifiquen este acuerdo beneficioso para la dictadura cubana».
La Resolución el Seimas del 30 de junio es sin dudas una señal clara para la Unión Europea y para Cuba de que el Acuerdo Político y de Cooperación se encuentra en peligro. Especialmente porque tuvo lugar tan solo veinte días después de que el Parlamento Europeo aprobase otra resolución condenando las violaciones de derechos humanos y la persecución política en Cuba.
No obstante, el paso definitivo para suspender el Acuerdo, de conformidad con el artículo 25 de la Convención de Viena, sería que el Ejecutivo de Lituania enviara una carta Parlamento Europeo, notificando la decisión del Seismas. Esto aún no ha tenido lugar, pero es una posibilidad muy real, en tanto algo importante ha cambiado de 2020 a la fecha. Linas Linkevičius, político del Partido Socialdemócrata Lituano, quien desde su rol como Ministro de Relaciones Exteriores de ese país entre 2012 a 2020, abogó por ratificar el Acuerdo con Cuba para debilitar la influencia de China y Rusia en la región, fue sustituido en el cargo este año por Gabrielius Landsbergis, miembro del partido Unión de la Patria – Democratacristianos Lituanos.
Y es que los democratacristianos tienen una larga trayectoria de relaciones con la oposición cubana. La figura más conocida es Emanuelis Zingeris, un parlamentario que fue firmante del Acta de Refundación de 1990 que restableció el Estado de Lituania. Ha presidido las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Derechos Humanos del Seimas, fue vicepresidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y presidente de la Comisión Internacional para la Evaluación e Investigación de los Crímenes cometidos durante las ocupaciones nazi y soviética en Lituania. En el 2020 Zingeris recibió el premio «General Calixto García por la Libertad», otorgado en su primera edición por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
A su vez, la resolución lituana fue seguida por una carta que siete senadores y congresistas estadounidenses enviaron al presidente de la Comisión Europea y al Alto Representante, pidiendo “negarse a ampliar las relaciones comerciales o diplomáticas con el régimen opresor cubano hasta que se reconozcan las libertades básicas y los derechos humanos”. ¿Fue coincidencia que la carta se enviase el mismo día que se votó la Resolución? Difícilmente. Como tampoco se puede obviar el hecho de que la congresista republicana Nicole Malliotakis (de madre cubana y la única republicana que representa a Nueva York en el Congreso) introdujo en mayo la propuesta de resolución “H.Res.440 – Elogiar a Lituania por negarse a ratificar el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación de la Unión Europea con Cuba”, que ha sido co-patrocinada por los congresistas de la Florida María Elvira Salazar y Carlos Giménez, así como el de Texas, Michael McCaul.
Hace un año, el ex–Ministro de Relaciones Exteriores y actual miembro del parlamento, Audronius Ažubalis, quien también milita en las filas del partido Unión de la Patria – Democratacristianos Lituanos, comentó en un espacio televisivo que Lituania no debería rechazar la opción de ratificar el Acuerdo, sino ponerse en la posición de convertirse en una oportunidad para que la Unión Europea elabore una hoja de ruta, con períodos bien definidos, donde se detallen los compromisos del gobierno cubano en el área de la democracia y los derechos humanos, condicionando el apoyo financiero-económico y tecnológico de la Unión Europea al cumplimiento de dichos compromisos.
Entonces, ¿qué sucedería si Lituania formalizara su decisión de no ratificar el Acuerdo? En ese caso, la Unión Europea se vería obligada a cancelarlo o renegociarlo. Si optara por la segunda opción, es posible que Cuba se enfrente a una serie de demandas relacionadas con derechos civiles y políticos.
Esta parece ser la estrategia más probable, que ha quedado además explicitada en una carta que envió el eurodiputado español Javier Nart a su colega lituano Petras Auštrevičius este 5 de julio con la siguiente propuesta: “Una posibilidad mucho más cómoda y diplomáticamente comprensible sería que su gobierno comunicara al Servicio Europeo de Acción Exterior la necesidad de cumplir con la Resolución P9_TA(2021)0292 para retrasar la comunicación del gobierno lituano de la no ratificación del PDCA, eso sí, en términos firmemente expresados, para que el Acuerdo demuestre a todos los Estados miembros de la Unión Europea, una vez corregidos los aspectos detallados en la Resolución del Parlamento Europeo, su potencial eficacia en la promoción de la democratización en Cuba, lo que no ocurre en la actualidad”.
¿A qué se refiere Nart? Por ejemplo, al apartado 8 de la resolución del Parlamento Europeo que demanda al Servicio Exterior el negarse a participar en futuros diálogos políticos y sobre derechos humanos con Cuba a menos que la sociedad civil esté representada adecuadamente. Pero ¿accederá Cuba o preferirá retirarse del Acuerdo?
El Informe Anual sobre Derechos Humanos y Democracia de la Unión Europea ofrece una pista al respecto. Aunque afirma sobre Cuba que “la libertad de expresión, de asociación y de reunión siguió siendo objeto de importantes restricciones en 2020, con informes de numerosas detenciones y encarcelamientos arbitrarios”, el reporte anuncia – de forma muy somera – que la delegación de la Unión Europea en Cuba ya inició los trabajos preparatorios para la elaboración de una hoja de ruta para el compromiso con la sociedad civil en Cuba. ¿Qué incluye dicha hoja de ruta? Nada se ha dicho al respecto, excepto el reconocimiento de que esta sociedad civil es cada vez más diversa y centrada en temas concretos, reclamando un diálogo real con las autoridades. De cualquier forma, este nuevo documento se estaría creando en un contexto de graves problemáticas: tan solo en las últimas semanas varias han sido las informaciones sobre el deterioro de los derechos humanos en Cuba, y acciones de denuncia ante organismos internaciones.
Por ejemplo, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) anunció a través de un comunicado de prensa que ha presentado una denuncia al gobierno de Cuba ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La organización afirma haber contabilizado más de 30.786 detenciones arbitrarias ocurridas en los últimos cinco años contra opositores políticos, periodistas y activistas independientes. Un Informe del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, sobre los apagones en Internet, cita a Cuba como uno de los gobiernos que imponen cierres de Internet durante manifestaciones. Y la organización Reporteros Sin Fronteras acaba de añadir al presidente Miguel Díaz Canel en su lista de “depredadores” de la prensa.
Cuba puede optar por salirse del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (recordemos la casi ruptura de relaciones durante la época de la Posición Común) pero la crisis económica es tan grave que las consecuencias de esta decisión pueden ser nefastas para el país. La alternativa es incorporar a la sociedad civil en el diálogo. Pero ¿lo hará el gobierno cubano? Al final, ese parece ser el propósito del rol de Lituania en este asunto: forzar a tomar una postura, ya sea continuar el Acuerdo con el compromiso cubano a realizar reformas específicas en un marco temporal definido, o dar por concluido que el Acuerdo en su estado actual no beneficia al pueblo cubano.
