Foto: Roy Leyra / Cuba Noticias 360
Texto: Redacción Cuba Noticias 360
El Ministro de Justicia de Cuba, Oscar Manuel Silveira Martínez, presidió este domingo, la creación del grupo de trabajo temporal responsable de elaborar una Propuesta de Ley para la Atención de la Población.
La noticia, dada a conocer por el Canal Caribe de la televisión cubana, precisó que se cumplimenta así lo establecido en el artículo 61 de la Constitución de la República de Cuba, en correspondencia a la alta prioridad de la dirección del país a dicha temática.
Silveira Martínez señaló que la atención a la población en tanto derecho ciudadano y humano, requiere desde su formulación constitucional en el artículo 61, establecer la manera en que se desarrolla este derecho, y para que se cumpla bien estará establecido por una ley.
El Ministro cubano de Justicia puntualizó que lo más importante es identificar correctamente los problemas que existen en la sociedad para sobre esa base elaborar la propuesta de la norma jurídica.
Agregó que el grupo de trabajo deberá establecer con toda profundidad el estudio del tema, y recurrir a los antecedentes existentes desde el punto de vista normativo y de trabajo, así como a la experiencia de tantos años de cumplimiento de este deber, y de este derecho que, según dijo, es consustancial a la propia esencia de la revolución.
El grupo está integrado por la jefa de la Oficina de Atención a la Población de la Presidencia y el Consejo de Ministros, María del Carmen Cedeño Rodríguez, miembros del Consejo de Dirección del Ministerio de Justicia, y especialistas de organismos con experiencia y resultados destacados en la atención en la población.
La directiva expresó que se trata de unificar en una sola, las normas establecidas por los organismos con mejores resultados, y destacó que la población no quiere que sus quejas terminen siempre en el mismo lugar donde se generan.
El artículo 61 de la constitución cubana establece que las personas tienen –entre otros- derecho a dirigir sus quejas y peticiones a las autoridades, las que están obligadas a tramitarlas y dar las respuestas oportunas, pertinentes y fundamentadas en el plazo y según el procedimiento establecido en la ley.
