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Texto: Hugo León
El nuevo Código Penal cubano, aprobado en mayo en la Asamblea Nacional del Poder Popular, entró en vigor el jueves primero de diciembre, en medio de opiniones divididas entre las autoridades cubanas y organismos legales independientes.
De acuerdo con autoridades del Tribunal Supremo Popular (TSP) se trata de un texto riguroso pero humanista, por las propuestas de alternativas para aplicar las sanciones privativas de libertad fundamentalmente a casos de mayor complejidad, gravedad y lesividad a la sociedad.
Así declaró en julio último a la prensa estatal Yanelis Ponce Téllez, magistrada de la Sala de lo Penal del TSP, señalando que el texto incrementa un grupo de sanciones principales y accesorias, como la reclusión domiciliaria, la prohibición de frecuentar ciertos lugares asociados a víctimas, el trabajo voluntario y la posibilidad de alternar la privativa de la libertad.
Para las autoridades cubanas, el objetivo es que solo en última instancia se aplique la privación de libertad que conlleva internamiento, de acuerdo con sus palabras.
Además, se robustecen las condenas contra los delitos más graves, como aquellos contra la seguridad del Estado, asesinatos, hechos de corrupción administrativa y que atentan contra la propiedad estatal, detalló Ponce Téllez.
Los defensores del Código -el gobierno y sus partidarios- destacan que el texto es “moderno” y “educativo”, y que actualiza la norma penal cubana puesto que contempla delitos que antes no eran tipificados como tal en Cuba: como los delitos medioambientales, la cibercriminalidad y la violencia de género.
Mientras tanto, organismos y medios cubanos independientes y extranjeros, al igual que abogados y críticos del gobierno de La Habana alertan sobre el endurecimiento de la norma legal que, a diferencia del Código de las Familias, no fue sometido a votación por la ciudadanía.
Entre los temores está que el nuevo Código asfixie la posibilidad de protesta social, incluso la pacífica que ha venido ocurriendo en toda la isla reiteradamente en los últimos meses, así como el periodismo independiente y todo pronunciamiento en contra del gobierno. El texto incluyó 37 nuevos delitos, entre ellos el de desórdenes públicos.
Con el nuevo Código Penal aumentan los delitos sancionables con la pena de muerte y con cadena perpetua. Se agregan cuatro delitos que pueden ser castigados con la pena máxima y concentra casi de manera exclusiva la posibilidad de aplicar esa pena en casos de delitos relacionados con la seguridad del Estado.
De acuerdo con la organización independiente Cubalex hay cerca de 30 delitos que amenazan la libertad de expresión, el uso del ciberespacio se convierte en agravante de la responsabilidad penal y penaliza la financiación extranjera de organizaciones no gubernamentales o medios de comunicación.
Para el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, José Luis Toledo Santander, los artículos del nuevo Código fueron elaborados sobre la base de principios constitucionales y garantías a la población.
Por su parte Rubén Remigio Ferro, presidente del TSP, afirmó en mayo último que el nuevo Código Penal resulta de extraordinaria relevancia en la robustez de Cuba como Estado socialista de derecho.
En contraste, varios abogados cubanos recuerdan que el artículo 120 del nuevo Código establece explícitamente que se considera un delito el intento de modificar cualquier aspecto de la Constitución cubana o la forma de gobierno y que el texto en general es un escudo para el gobierno. Otros, como el jurista cubano Fernando Almeyda, aseguran que el Código lo que ha hecho es legalizar las acciones que el Estado ha cometido hasta ahora.
