El desafío de proteger tanto la salud pública como el derecho a solicitar asilo en pandemia
Texto: Darcy Borrero
El Alto Comisionado de la Acnur dijo que alienta a la administración de los EE. UU. a continuar su trabajo para “fortalecer su sistema de asilo y diversificar las vías seguras para que los solicitantes de asilo no se vean obligados a recurrir a cruces peligrosos facilitados por los contrabandistas”.
Durante la noche del lunes 17 de mayo, Cristian San Martín, un cubano de 19 años, fue asesinado a balazos en Ciudad Juárez, México, a muy pocos metros de la frontera y a muy poco tiempo de lograr cruzar hacia Estados Unidos. No está claro quién ni por qué le disparó, pero la hermana, residente en Texas, responsabiliza a la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas, la Acnur, en tanto su hermano llevaba esperando en la frontera, desde el año 2019, el desenlace de su caso de asilo político.
Una declaración atribuible al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, “sobre la necesidad de poner fin a las restricciones de asilo COVID-19 de EE. UU.” fue publicada este jueves 20 de mayo. En el documento, Grandi pide al gobierno de los Estados Unidos que “levante rápidamente las restricciones de asilo relacionadas con la salud pública que siguen vigentes en la frontera y restablezca el acceso al asilo para las personas cuyas vidas dependen de él, de conformidad con las obligaciones internacionales legales y de derechos humanos”.
El Alto Comisionado alerta de que existe “una necesidad urgente de tomar más medidas para proporcionar acceso en los puertos de entrada que permanecen cerrados a la mayoría de los solicitantes de asilo debido a la orden de salud pública del Título 42 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU., vigente desde el pasado mes de marzo”.
Esa orden, según la organización, ha resultado en la expulsión de cientos de miles de personas a México o sus países de origen, negándoles el acceso a los procedimientos de asilo, por lo que recuerda que “el acceso garantizado a un territorio seguro y la prohibición de las devoluciones de los solicitantes de asilo son preceptos fundamentales de la Convención de Refugiados de 1951 y la ley de refugiados, que los gobiernos deben respetar para proteger los derechos y las vidas de los refugiados. Las expulsiones también han tenido graves consecuencias humanitarias en el norte de México”.
Si bien la agencia no hace una mención directa al joven cubano que fue ultimado en Ciudad Juárez, este caso parece haber actuado como un acelerador para el comunicado. Sin embargo, las acciones del gobierno de Biden en torno a las políticas migratorias se han mediatizado en las últimas semanas.
Antes de que se emitiera este documento oficial de la Acnur, el gobierno de Biden apostó por modificar la forma en que utiliza los poderes relacionados con la pandemia conocidos como Título 42, al que el ex presidente Donald Trump echó mano de manera efectiva aunque suponía retrotraer una oscura ley de 1944 y poner fin al asilo con el argumento de evitar la propagación del coronavirus.
Desde febrero, el mandatario estadounidense había instado en su primer discurso ante el Congreso a que el legislativo aprobara una normativa para otorgarles protección a los llamados dreamers o soñadores jóvenes e indocumentados que llegaron al país siendo menores, así como a los migrantes beneficiados con el Estatuto de Protección Temporal para originarios de países que sufren catástrofes naturales o violencia estatal y política.
Este martes el Departamento de Seguridad Nacional confirmó que estaba tomando medidas para aliviar más de un año de restricciones de asilo que han llevado a las autoridades fronterizas a expulsar rápidamente del país a adultos solteros y a muchas familias migrantes con niños y mayores. En la semana trascendió el caso de una anciana hondurena que logró llegar a Estados Unidos en silla de ruedas.
Con ayuda de su hija y sus bisnietas, así como de otros migrantes centroamericanos, la mujer de 93 años llamada Trinidad Tábora, consiguió pasar por el Río Bravo tras un recorrido de varios días desde Honduras. “Su misión era llegar a Roma, Texas en primera instancia y luego viajar a Nueva Jersey, buscando una mejor vida y reunirse con una de sus nietas, por lo que intentaba buscar asilo político en Estados Unidos; ya que en su país habían sido víctimas de violencia”, relata la prensa local y precisa que la solicitud de asilo realizada por Trinidad fue denegada y la anciana y su hija fueron deportadas a Tamaulipas, México, desde donde habían cruzado la frontera. De nuevo en México, “la familia se quedó varada en un hotel, con muy poco dinero y, según informó este 19 de mayo la cadena Telemundo, Trinidad falleció.
Esto pone en evidencia algo que han venido informando periodistas y actores del trabajo social: la selectividad en frontera a la hora de “merecer” el asilo, si bien se sabe que los migrantes suelen huir de realidades sumamente hostiles en Centroamérica y otras regiones. Lo que se interpreta de esta gestión de los asilos, es que por regla general la orden es deportar. Y la excepción entonces sería la entrada. Solo los niños no acompañados han sido eximidos de una deportación inmediata, lo que paradójicamente es un avance en relación con la administración Trump.
De acuerdo con un abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles citado por Associated Press, los cambios fueron “el resultado de las negociaciones para resolver una demanda que la organización presentó en un tribunal federal en Washington, D.C.”.
“La administración Biden acordó eventualmente permitir que unas 250 personas por día pasen los cruces fronterizos del sur para buscar refugio en los Estados Unidos”, se lee en la nota, que añade una referencia a que el Departamento de Seguridad Nacional dice estar trabajando “para simplificar un sistema para identificar y procesar legalmente a personas particularmente vulnerables que justifican excepciones por razones humanitarias bajo la orden del Título 42”.
Bajo este nuevo protocolo, se les permitirá buscar protección humanitaria a través de un consorcio de organizaciones no gubernamentales, después de ser examinados para COVID-19. Unas 2.000 personas ya han sido exentas de expulsión y se les ha permitido ingresar al país para solicitar asilo u otras formas de protección en los Estados Unidos, dijo a AP el abogado de la ACLU, Lee Gelernt. “Si bien se espera que estas concesiones salven vidas, no sustituyen la eliminación del Título 42 y la restauración completa del procesamiento de asilo”, detalló.
Desde el pasado 3 de mayo, el presidente de Estados Unidos había dicho que su país admitiría hasta 62.500 refugiados en los próximos seis meses, con lo cual revierte su decisión de mantener un límite inferior establecido por Donald Trump.
En ese momento la noticia fue bien acogida por la agencia de refugiados de la ONU, que al día siguiente celebró la decisión del mandatario Joe Biden y dijo que espera que con esta se inspiren otros países “para reasentar a más personas que huyen de la guerra o la persecución”.
Filippo Grandi, Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, dijo que esta es “una medida para restaurar el liderazgo de Estados Unidos en el reasentamiento de refugiados”, hecho que contribuye a salvar vidas y resulta necesario en un contexto en que —destacó Grandi— el reasentamiento global de refugiados se desplomó después de que el procesamiento de casos se retrasó debido a la pandemia de COVID-19.
Nada va a traer de vuelta al cubano Cristian San Martín (19 años) ni a la hondureña Trinidad Tábora (93). Nadie va a aliviar el dolor de las familias cuando la migración les deja un cuerpo para enterrar. Tampoco valen los traspasos de responsabilidades. En un entorno en que los migrantes viven con la incertidumbre de quién puede quedarse y quién no, el Alto Comisionado valora que “los compromisos de Estados Unidos de aumentar las admisiones para este año y el próximo son, por lo tanto, un salvavidas para los refugiados y para nuestro programa global de reasentamiento”.
En el nuevo comunicado del Alto Comisionado, este 20 de mayo, se lee que “la Agencia de la ONU para los Refugiados, ha mantenido desde el comienzo de la pandemia que proteger la salud pública y proteger el acceso al asilo, un derecho humano fundamental, son plenamente compatibles. En el punto álgido de la emergencia de salud pública, muchos países implementaron protocolos como exámenes de salud, pruebas y medidas de cuarentena, para proteger simultáneamente tanto la salud pública como el derecho a solicitar asilo”.
