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Texto: Redacción Cuba Noticias 360
El Departamento de Estado publicó este jueves otro de sus reportes anuales. En esta ocasión se trata del Informe de 2021 sobre la Trata de Personas.
“El Gobierno de Cuba no cumple plenamente las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas y no está realizando esfuerzos significativos para hacerlo”. Así inicia el capítulo dedicado a Cuba, donde se ratifica que por un año más los Estados Unidos mantiene al país en el nivel más alto de gravedad debido a la trata sexual y el trabajo forzado.
La clasificación se fundamenta en dos elementos. El primero, la existencia de programas de exportación de servicios profesionales – especialmente médicos –, catalogados por el gobierno estadounidense como trabajo forzado. Y el segundo que, a diferencia de años anteriores, durante el 2020 el gobierno cubano no ofreció información pública sobre la investigación, persecución o condena de los delitos de trata de personas.
Durante la pandemia, el reporte apunta que Cuba amplió sus programas de servicios médicos, sin mejorar la transparencia del programa o abordar las denuncias de violaciones o abusos laborales. Una de las principales recomendaciones es los participantes de estos programas reciban la totalidad del salario pagado por los gobiernos anfitriones, así como la posibilidad de mantener el control de sus pasaportes, y poder abandonar el programa sin ser sancionados por ello.
Aunque el reporte considera que Cuba cuenta con una legislación con penas apropiadas para delitos asociados con la trata, aclara que la definición de la ley cubana está en contradicción con el derecho internacional, ya que establece el uso de la fuerza, el fraude o la coacción como factores agravantes, en lugar de elementos esenciales del delito. Asimismo, el gobierno estadounidense incluye entre sus recomendaciones a Cuba el desarrollar una ley integral contra la trata de personas que tipifique como delito todas las formas de trata, incluida la laboral.
El último informe público ofrecido por Cuba respecto a los esfuerzos en la lucha contra la trata de personas data de enero de 2020. Cada año la prensa estatal amplifica esta información – usualmente publicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores – que incluye al menos una docena de casos.
Uno de los señalamientos del documento estadounidense es que las organizaciones estatales cuentan con limitadas herramientas para proveer asistencia a las víctimas, al no existir refugios para personas afectadas por estos crímenes. También que la existencia de sanciones por “peligrosidad social” puede afectar a las víctimas de trata, en lugar de ayudarlas.
A pocas horas de publicado el reporte, varios funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores – incluyendo al Canciller – ofrecieron comentarios públicos a modo de reacción.
Estados Unidos tiene tres niveles de clasificación para la trata de personas. El nivel 1 es para aquellos gobiernos que considera cumplen plenamente las normas mínimas. Los países cuyos gobiernos están haciendo esfuerzos significativos para cumplir las normas mínimas, pero no las cumplen todas, se clasifican en el nivel 2. Los países cuyos gobiernos no cumplen totalmente las normas mínimas y no están haciendo esfuerzos significativos para hacerlo se clasifican en el tercer nivel.
