Foto: Departamento de Estado
Texto: Mónica Fernández
El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó este martes su Reporte sobre Prácticas en Derechos Humanos en 2020. Como cada año, el informe recoge las principales violaciones a nivel global (excepto en los Estados Unidos) y emite recomendaciones a los países. El prefacio de esta 45ta edición mantiene a Cuba en el foco de atención, al ser mencionada por el Secretario de Estado Antony J. Blinken: “… las restricciones gubernamentales continuaron suprimiendo las libertades de expresión, asociación, religión o creencia, y de circulación”.
El capítulo sobre Cuba incluye por primera vez desde hace varias ediciones el tema de asesinatos ilegales o arbitrarios, refiriéndose a la muerte de Hansel Hernández Galiano el pasado junio. El reporte subraya las inconsistencias entre la versión oficial de los hechos sobre la muerte de Hansel, y los recuentos de quienes vieron su cuerpo antes de ser incinerado. Asimismo, la campaña de descrédito en su contra por crímenes por los que ya había sido juzgado, incluyendo los videos del youtuber anónimo Guerrero Cubano, reproducidos por los medios oficiales de comunicación como una fuente legítima de información. Se cita además a la organización Cuba Archive, que afirma que durante el año 2020 documentó al menos seis muertes de presos cubanos en circunstancias sospechosas; uno de ellos, Roberto Jiménez del Sol.
También se habla sobre detenciones y encarcelamientos arbitrarios, así como desapariciones forzadas por períodos de tiempo. Uno de los mecanismos que denuncia son las detenciones rutinarias por pocas horas o días, para evitar que activistas y periodistas participen en eventos o durante fechas significativas, como el 10 de octubre. El reporte cita a la protesta del 27 de noviembre de 2020 como la única que tuvo éxito en ser realizada y que sus manifestantes se dispersaran pacíficamente sin ser detenidos en ese momento.
Uno de los focos de atención del reporte fueron las cárceles cubanas, donde refiere que disidentes políticos, detenidos y presos sufren crueles tratos, en muchos casos con peligro para su vida. El reporte cita abusos físicos y psicológicos, pésimas condiciones materiales, mala alimentación, así como falta de acceso a tratamiento médico. Uno de los aspectos que subraya es la falta de información pública sobre las cárceles cubanas y su población penal. Se repite en el reporte la denuncia a la “peligrosidad social” como mecanismo legal para encarcelar a ciudadanos considerados problemáticos, incluso sin antecedentes criminales.
Las restricciones y violaciones a las libertades individuales producto de las medidas contra el COVID-19 también ocupó un importante espacio en el reporte. La sentencia a la activista política Keilylli de la Mora Valle por bajarse el nasobuco en la calle, así como la desarticulación de la huelga de hambre del Movimiento de San Isidro bajo alegaciones de que podían propagar una epidemia, fueron ejemplos utilizados en el reporte del Departamento de Estado.
Una de las áreas de mayor foco en el reporte con respecto a anteriores ediciones es el análisis exhaustivo de los procesos judiciales. Juicios cerrados al público cuando se trata de casos de contrarrevolución o contra la seguridad del Estado, jurisdicción militar sobre civiles, o la prohibición de la presencia de observadores. En el caso de los juicios realizados durante el período de restricciones asociadas al COVID-19, se destacan entre las violaciones los procesos sumarios sin presencia de abogados defensores, así como las acusaciones de “actividad económica ilícita” en casos de acaparamiento de productos durante un momento de desabastecimiento, incluso sin estar codificado esto en la ley.
La censura, los altos costes y el bloqueo de sitios en Internet, violaciones a la privacidad y difamación a los ciudadanos, así como la inexistencia de la libertad de prensa, son otros de los temas que recoge el reporte. La criminalización a la libertad de expresión se mantuvo como una constante con respecto a años anteriores: múltiples detenciones al artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara y el despido del médico Alexander Raúl Pupo Casas de su programa de residencia en neurocirugía, están entre los ejemplos utilizados sobre represalias por expresar disenso con el gobierno.
A diferencia de la pasada edición, temas como el tráfico de personas (fundamentalmente fundamentado en las misiones médicas cubanas) y las restricciones a la libertad religiosa, no ocuparon un lugar central en el documento. En ambos casos, el apartado refiere directamente a los reportes específicos sobre el tema.
El feminicidio fue otro de los temas abordados en el reporte de este año, mencionando que el gobierno cubano no ha ofrecido una solución a la demanda de una ley contra la violencia de género, incluso cuando en 2020 activistas documentaron al menos 32 víctimas de feminicidio en Cuba.
A finales de este año, el Departamento de Estado publicará un apéndice a cada informe de país de 2020 que amplía la subsección sobre la mujer de la sección 6, titulada «Discriminación, abusos sociales y trata de personas», para incluir una gama más amplia de cuestiones relacionadas con los derechos reproductivos. El apéndice abarcará cuestiones de salud materna como la mortalidad materna, la política gubernamental que afecta negativamente al acceso a la anticoncepción, el acceso a la atención sanitaria especializada durante el embarazo y el parto, el acceso a la atención sanitaria de urgencia y la discriminación contra la mujer en el acceso a la atención sanitaria sexual y reproductiva, incluida la relativa a las infecciones de transmisión sexual.
