Texto: Redacción Cuba Noticias 360
El juez estadounidense Amit Mehta dio a conocer un fallo que da luz verde al avance de la demanda de la petrolera Exxon Mobil Corp. contra dos empresas estatales cubanas como compensación por una refinería y otros activos incautados después de la llegada de Fidel Castro al poder en 1959.
El caso, presentado desde 2019, tiene lugar en una corte federal de Estados Unidos, y con él Exxon busca recibir 280 millones de dólares por parte de las compañías Corporación Cimex SA, y Unión Cuba-Petróleo, conocida como Cupet.
Exxon expone que Cimex y Cupet participaron en el “tráfico ilegal de propiedades confiscadas”, entre las que se incluyen cientos de estaciones de servicio, tanques de almacenamiento, una terminal marina y la conocida refinería Ñico López en La Habana.
Estas propiedades le fueron embargadas por el Gobierno revolucionario en 1960.
“Estamos de acuerdo con la decisión del tribunal de permitir que este juicio siga adelante (…) La decisión continúa respaldando nuestra demanda de que ExxonMobil debe recibir una indemnización por sus activos expropiados”, afirmó el portavoz de Exxon Todd Spitler, citado por Bloomberg.
La posición de las compañías cubanas no es abiertamente conocida. Según reportes de prensa, estas han intentado desestimar la demanda argumentando que son agencias de un gobierno extranjero, lo que las exime de este litigio gracias a la aplicación de la la Ley de inmunidades soberanas extranjeras.
Precisamente, el fallo de Mehta, dado a conocer ayer miércoles, determinó que existe una excepción en estas normas que permite proseguir con la denuncia de Exxon y, además, le permitió a la compañía estadounidense reunir evidencias que demuestren la viabilidad legal de su demanda.
La multinacional estadounidense fue de las primeras de su tipo en demandar a Cuba desde que la pasada administración de Donald Trump puso en vigor una sección inactiva de la Ley Helms-Burton de 1996.
Se trata específicamente del Título III de la Ley, suspendido por los presidentes anteriores, que establece que los ciudadanos, en su mayoría cubano-americanos, pueden presentar demandas en cortes de Estados Unidos contra compañías que se beneficien o hagan negocios con La Habana en propiedades nacionalizadas por el gobierno después de 1959.
