Foto: JOHN MINCHILLO | AP
Texto: Redacción Cuba Noticias 360
El gobierno cubano se abstuvo en la jornada de este miércoles en las votaciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la cual pretendía condenar el intento ruso de anexar territorios de Ucrania, los cuales fueron el pretexto para que Moscú iniciara la invasión militar sobre Kiev.
La resolución de la ONU también exigió que Rusia dé marcha atrás de inmediato a sus acciones. La votación entre los 193 miembros del organismo mundial fue de 143 a favor por cinco en contra, con 35 abstenciones, entre las que se encuentran la de Cuba, Bolivia y Honduras.
Por su parte el gobierno nicaragüense votó en contra de la resolución que crítica el “intento de anexión ilegal” de cuatro regiones ucranianas por parte de Rusia, destacaba el documento condenatorio.
Horas antes de la votación las naciones occidentales estuvieron llevando a cabo una intensa campaña para poder votar a favor de esta resolución. Por su parte en la plenaria, Siria, aliado de Rusia, advirtió sobre los riesgos de aislar a Moscú.
Por otra parte, Josep Borrell, alto representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, expresó que “la resolución es un rechazo inequívoco a Rusia”. En ese sentido también, Samantha Power, directora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, opinó que “este ha sido la muestra de apoyo más fuerte de la Asamblea General a Ucrania desde el inicio de la guerra”.
“La Asamblea General de la ONU envió un mensaje contundente a Moscú. La mayoría abrumadora de la ONU repudia los falsos referendos de Rusia en Ucrania, aseveró Human Rights Watch
La semana pasada, el gobierno cubano votó en contra de que la ONU ordenara monitorear por medio de un Relator Especial la represión de los opositores en Rusia. Pese a las 24 abstenciones y los seis votos en contra de Bolivia, China, Cuba, Eritrea, Kazajistán y Venezuela, la resolución fue adoptada por el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
En ese sentido se nombró un relator especial que estará encargado de vigilar “la situación de los derechos humanos” por un período de un año, siguiendo la propuesta de una gran parte de los países miembros de la Unión Europea.
