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Juez de EEUU anula el “parole in place”

Foto: Gints Ivuskans | Shutterstock

Texto: Hugo León

El programa conocido como “parole in place”, que permitía a cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses obtener estatus legal e incluso la ciudadanía de EEUU, fue declarado “ilegal” por un juez federal de la nación norteña.

El fallo fue emitido por el juez de distrito J. Campbell Barker, luego de una contundente demanda presentada por 16 estados liderados por fiscales generales republicanos.

El argumento detrás de la demanda relacionaba esta política con el incremento de la inmigración legal, pues según los estados demandantes, el llamado parole in place incentiva la llegada ilegal de personas a EEUU para acogerse a la iniciativa de la administración Biden.

La actual administración introdujo el programa en junio, y para agosto sufrió su primer revés en las cortes, porque el mismo juez lo suspendió temporalmente para evaluar la legalidad del programa.

Finalmente, el magistrado consideró que el gobierno de la nación no tiene la autoridad para implementar esta política sin la aprobación del Congreso.

Debido a este fallo, ni se otorgará más la regularización de estatus migratorio sin que los solicitantes abandonaran el país, ni se aceptarán nuevas solicitudes a través del formulario I-131F.

El Departamento de Justicia de EEUU tiene en sus manos la opción de apelar el fallo del juez, pero de acuerdo con los analistas, no sería una opción realmente viable o duradera porque el presidente recientemente electo Donald Trump, asumirá el cargo en enero próximo y es bastante probable que intente deshacerse de esta política.

El “parole in place” ofrecía la posibilidad de obtener la residencia permanente sin tener que salir de Estados Unidos a cónyuges indocumentados e hijos adoptivos de ciudadanos estadounidenses.

Para ser elegibles, los solicitantes debían demostrar una residencia continua en Estados Unidos de al menos 10 años y estar casados con un ciudadano estadounidense antes del 17 de junio del 2024. También se sometía a los solicitantes a verificaciones de antecedentes penales.

A diferencia del parole humanitario, que también fue llevado a juicio por estados republicanos, el parole in place no se sostuvo por mucho tiempo.

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