Texto: Mónica Fernández
Nuevamente, niños han muerto tras recibir un medicamento inyectado en un centro de salud cubano. Lamentablemente sucede y, no solo en Cuba. Eso sí: las familias, y la población cubana merecen información clara, así como un proceso legal transparente y a tiempo.
¿Qué pasó?
El 7 de abril de 2021, cuatro de seis bebés que recibieron un tratamiento de Ampicillín en la sala de neonatología del hospital “Dr. Agostinho Neto” en Guantánamo, presentaron reacciones adversas. Dos fallecieron a consecuencia de ello y los otros dos están en condición crítica estable. Eso es todo lo que sabemos, por medio de una escueta nota de prensa del Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP), que también aseguró se ha creado una comisión para investigar los hechos.
¿Suena familiar? Hace aproximadamente un año y medio, tuvo lugar un episodio con algunas características en común. El 9 de octubre de 2019 falleció la niña de un año, Paloma Domínguez Caballero, tras recibir la vacuna PRS (Paroditis, Rubéola y Sarampión). La vacuna le había sido administrada dos días antes en el policlínico “Betancourt Neninger” del municipio de La Habana del Este, La Habana.
La muerte de Paloma marcó la opinión pública cubana respecto a los protocolos de vacunación, aunque no ocasionó un cambio de paradigma significativo. Aquí pesó más el récord histórico y la carga política de las campañas de vacunación, que la promesa de una respuesta legal, y la aceptación de la inevitabilidad de las tragedias. La estrategia comunicativa del MINSAP, aunque deficiente, tuvo éxito.
Pero la situación actual difiere mucho de la que existía cuando Paloma murió. En primer lugar, porque ahora existe un precedente claramente documentado. Si bien el gobierno cubano logró en aquel momento aplacar los ánimos tras informar que la enfermera que administró la vacuna incumplió los protocolos, seis meses después de efectuado el juicio, aún no existe información pública sobre la sentencia dictada.
¿Por qué no se ha notificado públicamente del resultado de ese juicio? Podría decirse que es por respeto a la privacidad de la enfermera, pero lo cierto es que en otros procesos judiciales con un matiz político – dígase el caso Clandestinos o los juicios exprés por no usar nasobuco – el gobierno cubano incluso se extralimitó, televisándolos y usándolos a modo de escarmiento.
Recordemos entonces los detalles del “Caso Paloma”
Tras la muerte de Paloma, el 11 de octubre de 2019 su madre, Yaima Caballero, realizó la primera de una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram. Ese mismo día, Alex Otaola publicó un video enviado por los padres de Paloma, donde decían que su bebé había sido “asesinada por una vacuna al parecer en mal estado«.
En breve, el diario 14ymedio contactó con Yaima Caballero, quien hizo un recuento detallado del día del suceso, tratamientos médicos y evolución de la niña. La madre reconoció el trato profesional de los médicos y de la enfermera que administró la vacuna, pero se quejó de no haber recibido ninguna información sobre la causa de la muerte.
A pesar de que Paloma murió un miércoles, no fue sino hasta el sábado que el Ministerio de Salud Pública emitió una nota de prensa confirmando el suceso, así como el ingreso de cuatro niños más. La nota anunció la creación de una comisión para evaluar el caso, así como la ratificación de que la vacuna empleada, importada de la India, cumplía todos los estándares internacionales. Sin embargo, la familia de Paloma tuvo de esperar cinco días para que las autoridades sanitarias les contactaran directamente, y ello solo ocurrió tras las fuertes críticas de Yaima Caballero a un tweet del presidente Miguel Díaz Canel.
Los padres del Paloma recibieron una llamada telefónica del Director Nacional del Programa Materno Infantil (PAMI), quien les ofreció sus condolencias. Él les confirmó verbalmente que la causa de la muerte no fue debido a problemas con la vacuna, pues se comprobó su empleo exitoso en el resto del país. Para estas fechas, ya la noticia de la muerte de Paloma había sido amplificada por algunos medios internacionales, quienes sin esperar un dictamen oficial contribuyeron a sustentar la narrativa. El periódico español ABC la catalogó como negligencia médica, mientras que la televisora estadounidense Telemundo 51 afirmaba que fue debido a una vacuna vencida. 14ymedio fue más prudente, valorando dos posibles causas: un defecto de fabricación en la vacuna o un fallo en la conservación del producto.
El 16 de octubre, la respuesta del gobierno vino dada a través de un especial en el medio de prensa digital de mayor alcance en el país, Cubadebate. El texto, titulado Las vacunas no son el problema, confirmó que Cuba importa la vacuna PRS a la compañía india Serum Institute, la cual está certificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (CECMED). La vacuna aplicada a Paloma fue parte de un lote de 8,700 bulbos, distribuidos por todo el país. El texto de Cubadebate además mencionó que los padres de Paloma se trasladaron a otra provincia tras la muerte de la niña, argumento empleado como justificación para la demora en contactarles. Y concluyó afirmando que ese hecho aislado no debe generar temor en los padres cubanos de vacunar a sus hijos.
Dos días antes, una investigación de El Nuevo Herald arrojó que en el año 2002 hubo en Cuba problemas con una vacuna de la misma compañía india, y que entre 1999-2008 al menos ocho menores fallecieron en Cuba por episodios asociados a la vacunación. El texto contó con las declaraciones de un médico cubano que confirmaba que la mayoría de los policlínicos no cuentan con el equipo necesario para mantener los estándares de refrigeración de las vacunas.
El mismo día en que Cubadebate intentaba calmar los ánimos de la opinión pública, otro texto, esta vez en el medio no estatal El Toque, revelaba que el certificado de defunción de Paloma mostraba como causa de muerte un fallo múltiple de órganos. Los familiares de los otros niños ingresados aseguraron a la periodista que tras la muerte de Paloma se detuvo la campaña nacional de vacunación, y que las autoridades de salud, del gobierno y del Partido Comunista realizaban visitas periódicas al hospital.
El 22 de octubre, dos semanas después de la muerte de Paloma, Yaima Caballero pidió a sus seguidores cambiar su foto de perfil por la de su hija fallecida, como parte de la campaña de presión social bajo la etiqueta #JusticiaParaPaloma. Pero el 7 de noviembre, en una entrevista a Cubanet, anunció que ella y su esposo habían abandonado el país. La razón que alegó es que ambos fueron citados por el MINSAP, donde militares les informaron que podían ir a la cárcel por sus declaraciones a los medios de comunicación y la campaña realizada.
La investigación realizada por el Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP), fue publicada al día siguiente, 8 de noviembre. El reporte oficial determinó que la muerte de Paloma se debió a un síndrome de shock tóxico producido por la bacteria Estafilococo aureus. De acuerdo con el reporte, la contaminación se produjo como consecuencia de violaciones de las normas higiénicas por parte de la enfermera encargada de la vacunación. Por tanto, dicha enfermera fue separada definitivamente del Sistema Nacional de Salud, se le inhabilitó del ejercicio de la profesión, y se comenzó un proceso penal en su contra. Yaima Caballero respondió por medio de una carta abierta publicada en CiberCuba, donde aceptaba que si bien manipuló incorrectamente el bulbo, el problema es institucional y el gobierno no se comprometió a tomar medidas para evitar que sucediera algo así nuevamente.
Inicialmente programado para el 14 de agosto de 2020, el juicio a la enfermera se realizó el 16 de octubre de 2020 debido a reprogramaciones asociadas al COVID-19. Según familiares de Yaima Caballero en la sala, la enfermera reconoció su responsabilidad. La Fiscalía solicitó una sanción de doce años de privación de libertad y el abogado defensor pidió se rebajase de cinco a siete años. La sentencia debió ser anunciada el 22 de octubre de 2020, pero hasta la fecha, ni Yaima Caballero ni el MINSAP u otras instituciones gubernamentales o medios estatales, han dado información pública sobre la misma.
Entonces, ¿cómo queda la credibilidad?
Aunque las instituciones gubernamentales cubanas tienen como política no enunciada el uso del silencio como modus operandi para manejar escándalos, el caso de Paloma enseñó que el costo político es menor si la información se confirma oficialmente antes de que los rumores y especulaciones adquieran fuerza.
Ya sea negligencia médica en la administración de las dosis a los recién nacidos, o mala calidad del medicamento, el MINSAP prefirió en esta ocasión asumir la realidad de hechos que, por demás, son inocultables en los tiempos actuales. Incluso el tono del presidente Miguel Díaz Canel fue distinto, limitándose a las condolencias a los familiares y omitiendo la politización del hecho.
Quedan muchas interrogantes: ¿Fue negligencia o mal estado del medicamento? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Qué medidas se tomarán? Y, dado que sienta precendentes: ¿qué sentencia se dictó en el caso de la enfermera que administró la vacuna a Paloma?
No olvidemos que Cuba se encuentra a las puertas de una campaña de vacunación masiva para inmunizar contra el COVID-19 a toda la población cubana … niños incluidos. Es un momento especialmente sensible para el MINSAP, que necesita que la ciudadanía confíe en su capacidad de administrar vacunas de forma segura.
Los casos de Paloma y de los niños fallecidos en Guantánamo merecen más que una nota informativa. El gobierno cubano, MINSAP incluido, les debe a sus familias y a los cubanos un seguimiento comunicativo ético y la garantía de que se han tomado medidas no solo con la persona responsable en cada caso, sino la revisión y mejora de los protocolos que no previnieron estas muertes.
