Texto: Mónica Fernández
Un reporte de The Wall Street Journal afirma que al menos dos diplomáticos estadounidenses en Alemania presentan síntomas consistentes con el llamado “Síndrome de La Habana”. De ser confirmado, sería el primer país miembro de la OTAN donde se reporta la misteriosa enfermedad, tras el anuncio de una veintena de afe ctados en Austria hace pocos meses.
La administración Biden ha mantenido un bajo perfil sobre este tema, evitando continuar asociándolo directamente con Cuba. En el mes de julio el director de la CIA, William Burns, anunció que un oficial veterano de la agencia que fue miembro del equipo que encontró a Osama bin Laden, había sido elegido para dirigir un grupo de trabajo enfocado en encontrar las causas de la enfermedad. Y es que, al parecer, no solo los diplomáticos han sido afectados. De acuerdo con un reporte de POLITICO, el Pentágono ha advertido sobre la creciente amenaza de ataques de energía dirigidos contra las tropas estadounidenses en el Medio Oriente y América Latina. Todos los reportes señalan a Rusia como el responsable más probable, pero sin evidencias concretas.
Por otra parte, los legisladores estadounidenses han comenzado a involucrarse más en este esfuerzo, tras años dejando en las manos del Departamento de Estado, de Defensa y de la CIA, las investigaciones.
A principios de agosto, las senadoras Jeanne Shaheen y Susan Collins presentaron la propuesta bipartidista de Ley de Respuesta de Emergencia a las Amenazas de Energía Dirigida, para crear un nuevo puesto en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, que se llamaría Coordinador Interinstitucional de Incidentes Sanitarios Anómalos. Esta persona supervisaría la respuesta del gobierno federal a lo que los funcionarios estadounidenses que investigan el asunto creen que son ataques de energía dirigida contra diplomáticos y espías estadounidenses.
Unos días después, el congresista republicano Michael McCaul, presentó a la Cámara la propuesta de Ley de Respuesta a los Ataques del Síndrome de La Habana, para imponer sanciones a quienes hayan llevado a cabo los ataques, así como a los gobiernos de los perpetradores. Dado que ni siquiera se tiene certeza de cómo se han producido, esta legislación muy posiblemente quede congelada por largo tiempo.
Mucho más realista es el proyecto que desde junio el Senado aprobó por unanimidad: el HAVANA (Helping American Victims Afflicted by Neurological Attacks) Act, que financiaría la atención médica de afectados. Sin embargo, el proyecto se encuentra detenido para su revisión por la Cámara de Representantes.
Ante esta tardanza, a principios de agosto el Comité de Inteligencia del Senado aprobó la Ley de Autorización de Inteligencia para el año fiscal 2022, que incluye la creación de un grupo de trabajo adicional al de la CIA, conformado por la Oficina del Director de los Servicios de Inteligencia Nacionales (ODNI) y el Buró de Investigaciones Federales (FBI), para investigar “incidentes de salud anómalos”. Asimismo, daría acceso a las víctimas al Centro Médico Walter Reed, que cuenta con instalaciones de vanguardia para lesiones cerebrales. Previamente, desde mayo la Ley de recuperación de lesiones en el Walter Reed (WIRe) pedía también que se tratase a los afectados en este hospital, considerado el centro médico insignia del ejército de los Estados Unidos. No obstante, ambos proyectos de ley aún están a la espera de su total aprobación por la Cámara del Senado.
Lo que sí queda claro es que, respecto a lo concerniente al Síndrome de La Habana, hemos de estar atentos al accionar de la senadora republicana Susan Collins. Ha sido una ferviente defensora de las víctimas, y en su rol de miembro del Comité de Inteligencia del Senado, está demandando mayor transparencia sobre las investigaciones.
