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La transición presidencial en EEUU no pausa la pena de muerte

Texto: Darcy Borrero

Aunque la pena de muerte pareciera un asunto de otro siglo, la estadounidense Lisa Montgomery iba a recibir en su país una inyección letal este 8 de diciembre de 2020, 16 años después de que ella estranguló a una mujer embarazada en Missouri y le abrió la barriga para extraer al bebé y secuestrarlo.

El 8 de diciembre Lisa no fue ejecutada. En cambio, Brandon Bernard y Alfred Bourgeois fueron ejecutados el 10 y 11 de diciembre, respectivamente. El primero fue condenado en 1999 por el secuestro y asesinato —a la edad de 18— de dos clérigos, Todd y Stacie Bagley. El último recibió su condena por torturar y matar a golpes a su hija de 2 años.

No obstante, ya Lisa, la mujer de 52 años, tiene asignada una nueva fecha de muerte: el 12 de enero, en medio de la transición presidencial del republicano Donald Trump al del demócrata Joe Biden. Tanto esta condena como la de otros reos ha despertado el debate sobre la pena de muerte.

Mientras los abogados de Lisa alegan que ella sufre daños cerebrales a causa de golpizas cuando era una niña, un grupo de diez expertos en Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pide ‘clemencia’ a las autoridades de Estados Unidos.

Argumentan que la acusada ‘no recibió suficiente asistencia jurídica’ durante su juicio. Más allá de esto y a pesar de la gravedad de su crimen y los de los demás condenados a muerte en este período, los estadounidenses parecen inclinarse cada vez menos por el desenlace violento institucional.

Una encuesta de Gallup de mayo del 2006 citada por el Death Penalty Information Center (Centro de Información sobre Pena de Muerte), al examinar la opinión del pueblo sobre la pena de muerte encontró que cuando los participantes de la encuesta tenían como opciones esta pena capital o la cadena perpetua sin libertad condicional, solo el 47% de los participantes escogía la primera.

Se trata —según la misma fuente— del porcentaje más bajo en dos décadas. El 48% estaba a favor de la cadena perpetua sin libertad condicional a los condenados por asesinato. Asimismo, la encuesta reveló que el apoyo total a la pena de muerte continúa siendo inferior al 65%, mucho menos que en 1994, cuando el 80% de la población apoyó el castigo capital.

Por aquellas fechas, en la década de los ‘90, Joe Biden era senador y apoyaba la pena de muerte. Aunque ha cambiado su postura, en virtud de la ley contra el crimen de 1994 de la que fue coautor, han sido sentenciadas personas en el espectro de alrededor de 60 delitos federales castigables con la pena de muerte.

La prensa internacional es enfática en que algunos de los condenados a muerte en el presente responden por sentencias establecidas en las disposiciones impulsadas por el presidente electo, quien ahora asume junto a su compañera de fórmula Kamala Harris la promesa de eliminar la pena capital federal. De ahí que la programación de varias ejecuciones entre diciembre y enero por el gobierno saliente sea leída como una decisión política para marcar las agendas republicanas.

Fue durante la presidencia de otro republicano, George Bush, que se llevaron a cabo tres ejecuciones federales, las únicas entre 1988-2016, desde que en 1988 la Corte Suprema restituyera la pena de muerte federal.

El Centro de Información sobre Pena de Muerte consigna que en la nación norteña habría que remontarse a 1896 para encontrar cifras similares de 10 o más ejecuciones.

Las ejecuciones federales durante una transición política ocurren por primera vez en más de un siglo, así como se considera que la cifra de una decena de reos ejecutados en 2020 no tiene precedente en la historia moderna. Por otra parte, el caso de Lisa Montgomery está en el centro de los debates, además, por tratarse de la primera mujer en enfrentar una ejecución federal en Estados Unidos desde 1953, fecha en que se puso fin a la vida de Bonnie Heady en una cámara de gas en Missouri.

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