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Texto: Redacción Cuba Noticias 360
Aunque hace más de cinco meses fue radicado el expediente 35 del 2022, de la Unidad Provincial de Investigación Criminal de Sancti Spíritus, por el delito de asesinato del profesor Santiago Diosdado Morgado Morgado, el proceso penal contra los implicados continúa su curso, según declaraciones de la Fiscalía Provincial de esa central provincia.
El proceso se ha dilatado, al decir de María Esmeralda Pérez Pérez, jefa del Departamento de Procesos Penales de la Fiscalía Provincial de Sancti Spíritus, debido a la complejidad del caso, que ha demandado investigar a varios implicados y practicar un elevado número de diligencias, tanto en la provincia de Sancti Spíritus como en Camagüey —donde los implicados comercializaron la moto Suzuki de color rojo por 200 000 pesos—, con el objetivo de corroborar la vinculación de cada uno de estos individuos con los hechos.
Actualmente se lleva a cabo un peritaje de ADN en el Laboratorio Central de Criminalística del país, elemento imprescindible para confirmar científicamente la identidad del fallecido, dado el estado de putrefacción en el cual fue hallado el cuerpo.
Los cuatro imputados que planificaron, ejecutaron y posteriormente confesaron el modus operandi de tan terrible hecho, se mantienen en prisión provisional, mientras que a un quinto implicado se le impusieron las medidas cautelares de fianza en efectivo y la prohibición de salida del territorio nacional, según reportan medios locales.
En los escenarios físicos y virtuales no pocos cubanos se cuestionan qué ha pasado con el caso de asesinato más espeluznante de los últimos años en Sancti Spíritus, que conmocionó a toda Cuba en julio pasado.
Según se conoció en ese entonces, de los cinco implicados, dos fueron los autores directos de la muerte violenta de Morgado Morgado, a quien ultimaron valiéndose de un palo y una piedra, así como de dos piezas de un vehículo agrícola que luego atarían al cuello y a las piernas del occiso, con la finalidad de hundirlo en un pozo con agua de más de tres metros de profundidad.
Tres de los cinco implicados son residentes en Sancti Spíritus y otros dos viven en Camagüey; sus edades oscilan entre los 28 y los 45 años.
Según consta en la Ley 143 de 2021 del Proceso Penal, los términos y plazos procesales son improrrogables; no obstante, en esa misma norma legal se establece que “el instructor penal practica las acciones de instrucción y demás diligencias de la fase preparatoria en el más breve plazo posible y este plazo no debe exceder de 90 días, pero justificadamente puede prorrogarse por el fiscal”.
El plazo máximo para la terminación del expediente es de 180 días, contados desde de la fecha de la resolución de inicio; excepcionalmente, la Fiscal General de la República puede conceder una nueva prórroga, para la conclusión de la instrucción del expediente, por el tiempo que amerite la complejidad del asunto.
