Texto: Mónica Fernández
Foto: MINCEX
El director general de Asuntos Consulares y Cubanos Residentes en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), Ernesto Soberón, ha vuelto a colocar sobre la palestra el tema de las inversiones por parte de cubanos. Y lo hizo concediendo una entrevista a la revista OnCuba donde enfatizó la voluntad del gobierno a que los cubanos residentes en el exterior participen de los procesos de desarrollo socioeconómico en el país.
La elección del medio no es casual. OnCuba pertenece a la división de medios de la compañía estadounidense Fuego Enterprise Inc., fundada en el año 2012 por el empresario cubanoamericano Hugo Cancio. La misma empresa a la que en el mes de julio y a través de la resolución 180/2021, el Ministerio de Comercio Exterior (MINCEX) autorizó su inscripción en el Registro Nacional de Representaciones Comerciales Extranjeras para comercializar productos agroalimentarios, artesanales y bienes de consumo.
No obstante, resulta cuando menos sorprendente que el gobierno cubano entable relaciones comerciales y ofrezca entrevistas de funcionarios de alto nivel, a una empresa a la que el pasado año un periodista del medio estatal CubaSi insertó en una suerte de “lista negra” de sitios web con posturas contrarias a la Revolución.
Sin embargo, Fuego Entreprise tiene múltiples intereses y canales abiertos con el gobierno cubano. Uno de ellos es la empresa Katapulk Marketplace LLC, que está entre las compañías de envío de comida a Cuba más conocidas por los cubanoamericanos. En su sitio web se pueden adquirir “combos” con alimentos que provienen de mercados cubanos, por lo cual queda evidenciado que la empresa ya sostenía contratos con Cuba incluso antes de su inscripción en el Registro Nacional de Representaciones Comerciales Extranjeras.
“El gobierno cubano ha reiterado que sí existe el interés de promover la participación de los cubanos residentes en el exterior en procesos de desarrollo socioeconómico en el país y que se están creando las condiciones, las bases, parea que eso ocurra”, declaró Soberón a OnCuba. Cuando habla de que se ha reiterado, podemos recordar este tweet:
El tweet del ministro Rodrigo Malmierca en 2019 desató innumerables críticas y especulaciones, dado que hasta entonces el gobierno cubano no había puesto de manifiesto este tema. Déborah Rivas Saavedra, directora general de Inversión Extranjera del MINCEX dijo en declaraciones a Cubadebate ese mismo año que: “desde la aprobación de la Ley 118 en el 2014 en la Asamblea Nacional del Poder Popular se difundió la posibilidad de inversiones de ciudadanos cubanos residentes en el exterior al amparo de esta ley”.
De acuerdo con la explicación ofrecida por Rivas, la ley define como inversionista extranjero a “la persona natural o jurídica, con domicilio y capital en el extranjero, que participa como accionista en una empresa mixta o participe en una empresa de capital totalmente extranjero o figure como parte de un contrato de asociación económica internacional”. Es decir, resulta requisito indispensable el residir fuera de Cuba para poder presentar un proyecto de inversión en la Isla. Lo cual elimina la posibilidad a los cubanos repatriados. Hay al menos un caso donde esto haya podido suceder.
En 2016 la compañía estadounidense Cleber LLC obtuvo la primera autorización del Departamento del Tesoro en más de medio siglo, para abrir una fábrica de tractores en Cuba. Todo el proyecto era cuestionable: la compañía era nueva y sus dueños -dos ingenieros retirados de IBM- no tenían experiencia en el sector, el diseño del tractor no era apropiado para las condiciones climáticas de Cuba, e incumplía regulaciones del Ministerio de la Agricultura. No obstante, por casi dos años el gobierno cubano mantuvo bajo análisis el proyecto. A finales de 2016, justo durante el período de elecciones presidenciales y en el marco de la Feria Internacional de La Habana, se le comunicó a Cleber LLC que su propuesta no había sido autorizada. Más allá de que la idea de una fábrica estadounidense en la Zona Especial de Desarrollo Mariel fue utilizada como comodín durante el período de deshielo hasta el fin de la administración Obama, una segunda razón hace peculiar el caso de los tractores Oggun.
Saul Berenthal, uno de los dos dueños de la compañía, es cubanoamericano. Y durante el tiempo que estuvo haciendo lobby al gobierno cubano, se acogió a la opción de repatriación. Quizás sin saberlo, al tomar esta decisión Berenthal dejó de cumplir con el requisito establecido por la ley de mantener su domicilio en el extranjero. Una fuente anónima dijo a El Nuevo Herald en aquel entonces que: “la repatriación de Berenthal puso al gobierno cubano en una posición difícil: aceptar el proyecto, aunque rompería su propia prohibición de grandes inversiones por parte de cubanos que viven en la isla, o rechazarlo utilizando un argumento indirecto. Los funcionarios eligieron la segunda opción”. Berenthal siempre ha rechazado que esa haya sido la razón de la negativa, aludiendo que se trató de un tema de requisitos en materia de tecnología y seguridad de los trabajadores que debían solucionar con el Ministerio de Agricultura. No obstante, cinco años después, nada se ha vuelto a hablar de los tractores Oggun. Obviamente, la política de sanciones y cancelaciones de licencia de la administración Trump puede haber influido en ello.
Nunca sabremos qué inclinó la balanza: la repatriación de Berenthal o la poca viabilidad del proyecto. No obstante, sienta un precedente a valorar para futuros cubanoamericanos que piensen invertir en la Isla. La ley es clara: puedes hacerlo siempre y cuando no vivas en el país de forma permanente.
¿Es ese un mensaje amigable para que los ciudadanos de un país inviertan en su tierra? ¿No resulta contradictorio que para que un ciudadano cubano pueda invertir en su país deba hacerlo a través de una ley de inversión extranjera? Quizás por ello, en la entrevista de Ernesto Soberón a OnCuba, el diplomático menciona que “cuando salgan ya en detalle las bases legales relacionadas con las MPYMES se abrirá un abanico de posibilidades para esos miles de cubanos en el exterior, que viven más tiempo fuera del país, pero conservan su residencia en Cuba”.
Unos meses antes, en marzo de 2021, durante una entrevista concedida a la agencia AP, la directora de Negocios del MINCEX, Katia Alonso, dijo “estamos abogando también por proyectos pequeños y son proyectos más a la medida de los cubanos residentes en el exterior, que son personas que tienen pequeñas y medianas empresas”. Hasta ese momento solo se había concretado una inversión de este tipo: un contrato de administración en el área de producción agrícola, con un cubano residente en un país que no es Estados Unidos. No se conocen más detalles al respecto. Con la potencial apertura de inversiones a través de las MPYMES es cierto que se abren nuevas posibilidades. Pero quedarían por ver las condiciones tanto externas (la permanente amenaza económica que representa el embargo estadounidense) como internas (¿acaso tendrán que depositar los fondos en cuentas de las que no podrán extraer la moneda convertible, como es ya el caso para los cuentapropistas y cooperativas que exportan?).
Son muchas las preguntas que surgirán con las nuevas regulaciones anunciadas. Pero queda claro que el gobierno cubano está sumido en una dualidad insostenible: una retórica de intransigencia sumada al intento de atracción de tanto capital como sea posible. En la práctica, esa mezcla no ofrece un escenario confiable para que los cubanos en el exterior depositen su dinero en proyectos que, a fin de últimas, siempre estarán mediados por su postura política.
