Foto: Cuba Noticias 360
Texto: Fede Gayardo
El pasado lunes entró en vigor una nueva normativa regulación temporal para topar los precios minoristas máximos a productos de alta demanda importados por el sector privado y a menos de una semana han sido identificados y multados los autores de 393 violaciones.
En un reporte de la televisión estatal cubana, el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, informó que en las últimas horas se han realizado 1 079 acciones de control para detectar las infracciones, la mayoría de ellas a partir de denuncias de la población.
El directivo recordó que la entrada en vigor de la Resolución 225/2024 es “un primer paso hacia la contención de la inflación, pues el margen de ganancia sobre costos y gastos para todas las formas de gestión es hasta el 30%”.
Como ya se ha publicado, la normativa establece el precio máximo del pollo troceado en 680 pesos cubanos (CUP) el kilogramo; los aceites comestibles (excepto el de oliva) en 990 CUP el litro; la leche en polvo, 1 675 CUP el kg; las pastas alimenticias, 835 CUP el kg; las salchichas, 1 045 CUP el kg, y el detergente en polvo, 630 CUP el kg.
A pesar de los topes a los precios, Regueiro Ale reconoció que estos siguen siendo altos sobre todo para la población con menores ingresos, como los jubilados y otras personas protegidas por la Seguridad Social.
También explicó que los precios de esos y otros productos han tenido un crecimiento sostenido en los últimos meses, algo con la nueva resolución no puede continuar ocurriendo, “no son precios que van a quedar estáticos”, precisó el ministro cubano.
En otro momento, destacó la facultad de los Gobiernos locales para establecer precios límites en las ventas de las Mipymes, trabajadores por cuenta propia y demás formas de gestión.
La normativa establece que las personas que hagan las importaciones de esos seis productos están exoneradas del pago de los aranceles en aduana, por lo que consideró que la normativa representa “un sacrificio que se está haciendo desde el Presupuesto del Estado, una renuncia de ingresos, con el objetivo de favorecer la reducción de los costos”.
Para realizar estos controles, según amplió Regueiro, se crearon condiciones de mayor preparación de funcionarios e inspectores, algo que había explicado anteriormente la viceministra de Finanzas y Precios, Lourdes Rodríguez.
Según la directiva, las sanciones incluían multas de hasta 15 000 CUP para quienes excedieran los rangos de precios establecidos en el comercio minorista.
