Foto: RL Hevia
Texto: Fede Gayardo
Una cacería de brujas o, en este caso, de los precios en los establecimientos privados tuvo lugar este sábado en La Habana cuando los “temidos” inspectores recorrieron dos municipios habaneros para evitar el alza en algunos productos en medio de una crisis sin precedentes en la Isla.
Las acciones de control, según medios estatales, se centraron en Guanabacoa y Plaza de la Revolución propiciado el cierre de un proyecto de Desarrollo Local por vender alimentos en mal estado luego de los cortes de energía por el Huracán Rafael y otras violaciones como “tener el arroz a 500 pesos el kilo”.
En casi cuatro meses, estas inspecciones han impuesto a nivel nacional 600 millones de pesos en multas, aunque solo han recaudado la mitad, contradicciones expresadas entre los Ministerios de Finanzas y Precios y el de Economía y Planificación.
Un reporte televisivo señaló que el control se enmarca al precio del pollo, aceite, pastas, leche en polvo, detergente y las salchichas en Mipymes, recogido en la Resolución 225 que marcó un tope a monto de estos productos importados.
La propia norma marcó un antes y un después en el accionar del cuerpo de inspectores por el incremento de los controles o visitas sorpresas, que a veces se tornan en agresiones a los mismos por parte de la población o en un negocio para el funcionario estatal.
Recordemos que, antes de entrar en vigor la norma, el gobierno afirmaba contar con 7000 inspectores preparados para controlar los precios, quienes tienen facultades para imponer multas de hasta 36 000 pesos cubanos o el cierre del establecimiento de forma temporal o definitiva.
La visita “sorpresa” de los inspectores en La Habana el pasado fin de semana se centró también en los agromercados como el popular 19 y B o el de 17 y K, ambos en el Vedado, y con gestiones privada y estatal respectivamente.
A pesar de que el privado responde a la oferta y demanda también son controlados mensualmente imponiéndose varias multas por violaciones de precios y especulaciones en la pesa, por lo que han sancionado a 12 personas con medidas severas.
Las intenciones reflejadas en los medios de prensa estatales es que estas acciones de control continuarán hasta alcanzar una estabilidad en los precios; sin embargo, no será posible si no se logra, primero, una producción estable dentro del país equiparando con más ofertas paradisminuir los montos de los productos.
Nada más alejado de la realidad. La falta de producción, los altos costos de los fletes, el cambio de moneda en el mercado informal y las ganancias prevalecerán sobre los precios topados.
El Gobierno no puede mantener el control sobre todos los productos por más que busquen tener una ganancia, la vía más fácil siempre será dejar de vender esos productos y los perjudicados, la población.
