Texto: Mónica Fernández
¿Cómo se enfrenta en Cuba la violencia de género?, fue la interrogante a responder en la Mesa Redonda del pasado miércoles, que tuvo como invitadas a representantes de la Federación de Mujeres Cubanas, la Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo Popular.
Dos razones parecen haber motivado la realización de esta Mesa Redonda. Por una parte, coincidió con el día en que los diputados cubanos comenzaron el análisis de los anteproyectos de leyes de los Tribunales de Justicia, del Proceso Administrativo, Código de Procesos y del Proceso Penal, que serán presentados en la próxima sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Y, en segundo lugar, sirvió para anunciar la próxima presentación al Consejo de Ministros de la “Estrategia Integral de Prevención y Atención a la Violencia de Género e Intrafamiliar” que, de ser aprobada, saldría publicada como decreto o decreto-ley en el futuro.
Dado que la pregunta sobre si existirá en algún momento una ley integral contra la violencia a la mujer quedó sin responder en dos ocasiones, podemos asumir que la posición oficial al respecto fue resumida por la magistrada del Tribunal Supremo, Dra. Rufina Hernández, quien dejó entrever que la actual legislación propuesta será considerada como suficiente, siempre que se le incluya un enfoque de género.
La postura del gobierno cubano en sus informes a las Naciones Unidas durante las últimas dos décadas se ha mantenido inamovible: Cuba no necesita una ley específica contra la violencia de género, pues el Código Penal ya contempla penas para los crímenes que engloba. La Mesa Redonda de este 17 de junio fue una ratificación de que dicha postura no ha cambiado.
La magistrada se pronunció contraria a lo que denominó como “populismo penológico”, definiendo al mismo como utilizar el derecho con fines políticos para satisfacer demandas ciudadanas, por gobernantes que buscan mantenerse en el poder u obtenerlo.
Sin embargo, la literatura especializada recoge un significado distinto de qué es el “populismo penal” (no penológico). De acuerdo con el abogado constitucionalista dominicano Eduardo Jorge Prats, es una estrategia desplegada por actores políticos, encaminada en apariencia a remediar los problemas que se derivan del crimen y la inseguridad a través de medidas extremas de “mano dura” y “tolerancia cero” contra los infractores, aun en delitos de menor impacto, a sabiendas de que son respuestas inadecuadas pero que “tranquilizan” a la población.
Visto ello, resulta interesante que la Dra. Rufina Hernández considere populismo penológico el ceder a la demanda de una ley integral contra la violencia a la mujer, cuando en el último año en Cuba se han aprobado medidas que claramente reflejan la definición de Prats, por ejemplo, los juicios expeditos o las altísimas multas por no usar mascarilla. Al contrario de lo afirmado por la Dra. Hernández, la propuesta de ley integral impulsada por la ciudadanía no solo proponía la penalización de la violencia, también pedía tener en cuenta la prevención y protección contra la misma.
Más cercano a su espíritu al parecer estará la “Estrategia Integral de Prevención y Atención a la Violencia de Género e Intrafamiliar”, que anunció durante la Mesa Redonda la secretaria ideológica de la Federación de Mujeres Cubanas, Osmaida Hernández. Lo único que sabemos sobre esta estrategia es su estructura en 10 apartados: comunicación, educación, formación continua, prevención, atención, protección, legislación, estadística, investigación y seguimiento. Pero ¿acaso es una idea nueva? Hemos de recordar que en 1997 se creó el Grupo de Trabajo de Prevención y Atención de la Violencia Familiar, liderado por la Federación, con el objetivo de crear un plan nacional contra la violencia intrafamiliar. Dado que no existe información pública sobre el mismo, ¿es esta nueva estrategia integral una actualización del plan nacional que desde hace 24 años se encomendó crear?
Resulta además interesante que durante la Mesa Redonda se hablase sobre la necesidad de estadísticas más claras respecto a la violencia de género en el país.
En la tarea #67 del Plan de Acción Nacional de Seguimiento a la Conferencia de Beijing, publicado como decreto-ley del Consejo de Estado en la Gaceta Oficial de la República de Cuba el 5 de mayo de 1997, se orientaba a los ministerios de Justicia, Salud Pública, del Interior, Economía y Planificación, y el de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, así como al Tribunal Supremo Popular, el «crear bases que permitan controlar y desglosar datos por sexo, edad y parentesco sobre las víctimas y los autores de todas las formas de violencia contra la mujer, y aquellas contra el normal desarrollo de la infancia y la juventud».
¿Cómo es posible que dos décadas después aún no existan estadísticas claras, si la ley indicó compilarlas?
Quizá pueda entenderse mejor este escenario si nos remitimos al informe que en 1999 publicó la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Radhika Coomaraswamy, quien dijo tras su visita a Cuba que «En cuanto al problema específico de la violencia contra las mujeres (…) Se argumenta que los principios ideológicos del socialismo previenen la violencia, a diferencia de lo que ocurre en los países capitalistas (…) A pesar de los esfuerzos de las organizaciones de mujeres, el poder legislativo, sobre todo, se mantiene firme en que no hay que hacer nada con respecto a la violencia contra las mujeres y que no es necesaria una nueva legislación. El poder judicial también se mostró satisfecho de que la situación actual era adecuada. Esta percepción de que todo está bien y de que no hay que hacer nada es desconcertante. Delitos como la violencia doméstica y el acoso sexual son delitos «invisibles»».
Más aún, ese mismo año, en la evaluación parcial del Plan de Acción Nacional de Seguimiento a la Conferencia de Beijing, Cuba dijo en su informe a Naciones Unidas que: «La mayor manifestación de violencia contra la mujer y la familia cubana es el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos», un discurso que ha llegado a nuestros días.
En ese mismo reporte se menciona que la Federación de Mujeres Cubanas trabajaba a nivel comunitario de conjunto con los Comités de Defensa de la Revolución para la prevención de la violencia, algo que durante la Mesa Redonda de este miércoles se enfatizó como una iniciativa novedosa bajo el término “prevención social”.
Ni siquiera las estadísticas ofrecidas en el espacio televisivo por la directora de procesos penales de la Fiscalía General de la República, Lysnay Medero, arrojó nuevas luces sobre la violencia en Cuba. Si nos remitimos al último reporte presentado por Cuba a la Convención para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer, en 2011, encontramos información similar a la brindada por Medero: que el hogar es donde ocurren más de la mitad de los casos de violencia y que, en cuanto a tipos, predomina la psicológica.
Y desde 2006 Cuba reconoció la necesidad de albergues (algo que 15 años después aún no es una realidad), a la vez que se admite que «en las mujeres que denunciaron el maltrato no desapareció la agresión y en algunas se incrementaron los actos violentos luego de la denuncia».
Uno de los comentarios a la transmisión a través de Internet de la Mesa Redonda provino de una usuaria que aseguró que en no pocas ocasiones, la policía rechaza aceptar denuncias de violencia excepto si la mujer presenta lesiones evidentes.
Entonces, ¿existe voluntad política para proteger a la mujer cubana contra la violencia? La respuesta oficial es que sí. Pero lo que resulta evidente es que la institucionalidad cubana se encuentra empantanada en las mismas respuestas y soluciones de hace más de veinte años. Al menos en la reciente Mesa Redonda, no se aportó nada nuevo.
