Foto: RL Hevia
Texto: Redacción Cuba Noticias 360
Esta semana, el Ministerio del Comercio Interior oficializó nuevas reglas que eliminan el uso de efectivo en las operaciones entre empresas, Mipymes y trabajadores por cuenta propia. Así quedó estipulado la Resolución 15/2025, publicada en la Gaceta Oficial No. 44, la cual establece que todos los pagos deberán realizarse mediante transferencias, tarjetas, terminales de punto de venta o códigos QR.
La resolución, como sabemos, va más allá del sistema estatal. También alcanza a las tiendas mayoristas MERCABAL, las UNITIENDAS y los contratos de arrendamiento de espacios estatales a privados. Asimismo, los alojamientos a instituciones y las ventas de productos importados vía mercado cambiario deberán seguir esta línea bancaria.
Un detalle clave: las empresas proveedoras podrán suspender las entregas si no se respeta esta obligación, incluso si se trata de productos regulados o de consumo popular. Esto marca un giro radical en la dinámica de suministro y obliga a todos los actores económicos a actualizar sus métodos, su contabilidad y su infraestructura digital.
El comercio mayorista y el consumo social tampoco escapan. Las entidades que venden alimentos al sistema empresarial o presupuestado deben hacerlo bajo esquemas bancarizados. No se aceptarán nuevas entregas si las compras anteriores no fueron pagadas correctamente. Se priorizan las cartas de crédito locales, pero también se aceptan pagos anticipados, contra entrega y créditos bancarios a 30 días.
Además, la norma refuerza el control interno. Todo funcionario autorizado a operar tarjetas, transferencias u otros instrumentos digitales deberá asumir responsabilidad directa. El Banco Central solo podrá autorizar excepciones en casos extremos, como emergencias o catástrofes naturales.
Las empresas estatales y presupuestadas tienen 30 días para adaptar sus contratos al nuevo marco. La resolución deroga las normas vigentes desde 2022, acelerando el paso hacia un comercio totalmente digitalizado. Pero los retos no son menores: conectividad deficiente, plataformas bancarias inestables y falta de incentivos fiscales dificultan una implementación fluida.
En medio de una crisis económica prolongada, muchos se preguntan si esta bancarización forzada servirá realmente para ordenar las finanzas del país o si terminará siendo una camisa de fuerza para un tejido empresarial ya frágil. La intención es clara: reducir el uso de efectivo y centralizar el control estatal sobre los flujos de dinero.
