Texto: Hugo León
Foto: Archivo CN360
Una nueva decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos podría marcar un giro profundo para cientos de miles de migrantes venezolanos. Este lunes, el alto tribunal permitió al gobierno revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) que hasta ahora amparaba a más de 350 mil personas de ese país.
El fallo anula temporalmente una decisión previa de un juez federal en California, que había impedido que se ejecutara la eliminación del programa. La votación fue mayoritariamente favorable, con una única disidencia: la de la jueza Ketanji Brown Jackson, quien alertó sobre las consecuencias humanitarias de la medida.
TPS: frágil protección para venezolanos
El TPS es un mecanismo legal que permite a ciudadanos de países golpeados por guerras o desastres naturales vivir y trabajar legalmente en EE.UU. aunque no tengan otra vía migratoria. Venezuela fue incluida en esta protección bajo la administración de Joe Biden, pero desde la llegada de Donald Trump a la presidencia, el programa ha sido blanco de intentos sistemáticos de eliminación.
Aunque el fallo de la Corte no implica deportaciones inmediatas, abre la puerta a una nueva etapa de incertidumbre, especialmente para quienes han construido su vida en EE.UU. bajo el amparo temporal del TPS.
También en la mira: parole humanitario para cubanos, haitianos y nicaragüenses
La ofensiva legal no se detiene en el caso venezolano. La administración de Trump también ha solicitado al Supremo que permita revocar el programa de parole humanitario instaurado durante el mandato de Biden. Este mecanismo ofrecía entrada legal por vía aérea y permisos de trabajo temporales a más de 500 mil personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
La revocación de este programa también fue bloqueada en marzo por un juez federal, quien señaló que la medida podía estar motivada por razones políticas o incluso discriminación racial, especialmente al afectar a comunidades vulnerables de países latinoamericanos y caribeños.
Política migratoria de EEUU: más restricciones
La reciente ofensiva judicial forma parte de una estrategia más amplia del nuevo gobierno de Trump, que busca reinstalar una política migratoria restrictiva, similar a la aplicada en su primer mandato.
Según reportes de AP y otros medios internacionales, la administración presentó una apelación de emergencia para acelerar la cancelación del TPS, que había sido extendido hasta 2026. Con la decisión del Supremo, esa protección podría terminar este mismo año.
La actual secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem ordenó en febrero anular la ampliación del TPS, lo que provocó que el juez Edward Chen interviniera con un bloqueo temporal. Su argumento fue contundente: las personas afectadas “enfrentan una posible deportación inminente”. Sin embargo, el gobierno respondió que la decisión no era revisable por los tribunales, y esa visión fue la que prevaleció en la Corte.
¿Qué pasará con los permisos de trabajo?
Durante la breve extensión del TPS en enero, los permisos de trabajo asociados, bajo las categorías A12 y C19, fueron renovados automáticamente hasta fechas que van desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025. Con esta nueva decisión, la validez de esos documentos queda en el aire, y su renovación dependerá del curso legal definitivo del caso.
Todo lo anterior crea un escenario incierto para decenas de miles de familias. Lo que está en juego va más allá de la letra legal. La posibilidad de perder el TPS o el parole humanitario afecta directamente la estabilidad de familias enteras, muchas de las cuales han vivido durante años en EE.UU., han trabajado legalmente, pagado impuestos y establecido raíces.
Aunque no hay una orden de deportación masiva inmediata, el temor ha vuelto a instalarse entre los migrantes.
