Texto: Redacción Cuba Noticias 360
Foto: Cuba Noticias 360
Varias solicitudes de reunificación familiar de ciudadanos cubanos han sido denegadas recientemente por la Embajada de Estados Unidos, según reportes difundidos por Telemundo 51. El motivo no está en lo que hicieron, sino en dónde trabajaron.
Los casos comparten un patrón: los solicitantes fueron médicos, maestros, enfermeros. Profesionales que ejercieron sus funciones en instituciones estatales cubanas, como el Ministerio de Salud Pública o el Ministerio de Educación. Esa sola afiliación laboral, explican abogados migratorios en Miami, ha bastado para que autoridades consulares interpreten una supuesta relación con el Partido Comunista o con el aparato gubernamental.
Joana Soler, abogada del bufete de Willy Allen, lleva semanas recibiendo expedientes con respuestas idénticas: inadmisibilidad por presunta vinculación ideológica. “Estamos hablando de ciudadanos que solo hicieron su trabajo. No hay evidencia de activismo político, y aun así están siendo castigados”, asegura la especialista.
Un pantallazo en redes sociales revela el descontento. «Mis padres, ambos médicos, fueron rechazados. La carta de la Embajada pide perdón por un vínculo político que nunca existió», escribió una usuaria en Facebook. Otras personas denuncian procesos lentos, respuestas ambiguas y la frustración de ver truncado un proceso que, hasta ahora, era una vía legal y humanitaria para la reunificación familiar.
Aquí no se trata de una nueva ley, sino de una interpretación. Un cambio de enfoque que, sin ser oficialmente anunciado, marca una diferencia radical para miles de familias cubanas que aspiran a reencontrarse. El historial de trabajo estatal, que antes era apenas una nota en los formularios, ahora se ha convertido en una barrera.
Para enfrentar esta tendencia, Soler plantea una estrategia de defensa: demostrar que sus clientes no han tenido participación política activa, a pesar de haber trabajado en el sistema estatal. “Es una línea fina, pero no podemos permitir que se generalice el criterio de que todo trabajador público en Cuba es automáticamente afín al gobierno cubano”, sostiene en este sentido.
