Texto: Redacción Cuba Noticias 360
Foto: Cuba Noticias 360
Desde este lunes, un nuevo marco legal regula los precios de las obras de construcción en Cuba, el cual limita las ganancias y obliga a utilizar un nuevo sistema denominado PRECONS III, el cual se aplicará a partir de julio para todos los actores, ya sean estatales o no.
La Resolución, publicada este 12 de mayo en la Gaceta Oficial, marca un giro en la política de precios del sector constructivo. En este sentido, el Estado busca frenar la inflación de presupuestos y limitar la discrecionalidad de empresas estatales, mipymes, cooperativas y trabajadores por cuenta propia, pues con ella, las utilidades no podrán exceder el 15 % de los costos directos de cada obra.
En concreto, los constructores deberán operar con márgenes acotados. Se fijan topes claros: un coeficiente de hasta 1.0 sobre el costo de la mano de obra directa y 0.3 sobre el uso de equipos. Esta medida apunta a contener el incremento artificial de precios que ha caracterizado numerosos proyectos en los últimos años.
Los presupuestos ya no serán una formalidad. Tendrán que incluir tarifas oficiales, listas de precios de materiales y cálculos técnicos auditables. Además, será imprescindible presentar una memoria descriptiva de cada proyecto. Tanto el Ministerio de Finanzas y Precios como el Ministerio de la Construcción fiscalizarán los contratos y exigirán precios cerrados, salvo contadas excepciones.
Una novedad es la posibilidad de pagos adicionales a trabajadores que laboren en condiciones adversas. Para ello, se exigirá una justificación técnica-económica. Este reconocimiento oficial responde a una demanda histórica de brigadas constructivas que enfrentan desafíos en obras complejas o zonas de difícil acceso.
Además, el ajuste tiene implicaciones fiscales. De hecho, las formas de gestión no estatal que trabajen con el Estado deberán tributar el impuesto sobre ventas, sin trasladarlo al precio final. La resolución prohíbe, incluso, incluir márgenes arbitrarios en servicios de transporte o uso de equipos, exigiendo en su lugar una justificación detallada de cada gasto.
Aunque la intención oficial es contener precios abusivos —especialmente en la construcción de viviendas—, la medida podría desincentivar a pequeños actores del sector si no se acompaña de mejoras en el suministro de materiales y en las actuales tarifas laborales.
PRECONS III proyecta instaurar una mayor transparencia en las obras financiadas con dinero público. Pero esto pudiera traducirse en presupuestos más claros y verificables, una exigencia creciente en tiempos de crisis económica y escasez de recursos.
