Foto: La República
Texto: Darcy Borrero
El conflicto armado que consume a Colombia desde hace más de cinco décadas, atizado por la ola de protestas que se vive en ese país latinoamericano, sirve deliberadamente de escenario para las violaciones de derechos humanos. Si desde antes se irrespetaban derechos universales (a la educación, a la libertad de expresión o a la seguridad), ahora la escalada de violencia estatal ha llamado la atención del mundo. Colombia lleva poco más de una semana en los titulares internacionales debido a que la policía y militares están reprimiendo a la población que se ha lanzado a las calles de las ciudades más promitentes: Bogotá, Medellín y Cali.
La gravedad del conflicto social ha generado el pronunciamiento del secretario general de la ONU, António Guterres, quien destacó el martes último, 4 de mayo de 2021, la necesidad de que el Gobierno de Colombia permita las protestas pacíficas.
Mediante su portavoz Stéphane Dujarric, Guterres insistió en que es primordial que el Gobierno permita a la gente expresarse y manifestarse de manera pacífica: esos son derechos básicos y esa es nuestra postura, subrayó el portavoz, luego de que la organización denunciara un uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad. Dujarric precisó que la Secretaría General de la ONU está siguiendo de cerca esta crisis humanitaria desatada a raíz de protestas contra la reforma tributaria del gobierno de Iván Duque y que ha dejado al menos 19 muertos y 800 heridos en las urbes más importantes de esta nación multidiversa.
La propuesta de reforma tributaria que añadió leña al descontento popular en el contexto de pandemia incrementaría el impuesto sobre el valor agregado (IVA) de varios productos y servicios, así como empezaría a cobrarlo en productos que estaban exentos. También el proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible procuraba un aumento de la recaudación con modificaciones en el impuesto sobre la renta.
En otras palabras, el gobierno de Duque esperaba cobrarle al pueblo colombiano los “efectos económicos y sociales derivados del COVID-19” bajo el argumento de que la reforma es necesaria para “luchar contra la pobreza, las desigualdades y reactivar la economía del país”.
No obstante, la presión de los colombianos en las calles logró que el mandatario diera un paso atrás, aunque en realidad puede interpretarse como un paso de avance. Duque dijo que el viernes último ordenó al Ministerio de Hacienda redactar un nuevo texto de reforma tributaria. El Congreso también debe participar en la negociación de la nueva propuesta.
“Le he dado una instrucción muy clara al equipo del Ministerio de Hacienda para que dentro del trámite legislativo construya un nuevo texto con el Congreso que recoja el consenso y que permita también nutrirse de propuestas valiosas que han presentado los partidos, las organizaciones de la sociedad civil y que ha presentado el sector privado”, expresó el mandatario durante su informe diario sobre la situación de la pandemia en el país.
Entretanto, las protestas continúan y pareciera que los colombianos que salen a las calles a reclamar sus derechos no están dispuestos a ceder aun cuando están en una posición de desventaja frente a los uniformados que portan armas y no dudan en usarlas. Además de los muertos y cientos de heridos, según un tuit de El Espectador, hay 379 desaparecidos desde que inició el Paro Nacional.
“Gracias a quienes pasaron casos de personas reportadas como desaparecidas. Hicimos 15 llamadas. Todas esas personas llegaron a sus hogares, pero nos contaron relatos de tortura y tratos crueles cuando estuvieron capturados. Solo tres quisieron hablar…”, se lee en otro tuit de la periodista colombiana Laura Dulce-Romero.
La diplomacia entre las balas: de violador a violador
En medio de la escalada en Colombia, fue declarado persona non grata el Primer Secretario de la Embajada de Cuba en Bogotá, Omar Rafael García Lazo, quien se pronunció contra el Movimiento San Isidro. La decisión ha sido cuestionada por el director general para América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Eugenio Martínez.
Aunque este último no se refiere a la situación social por la que atraviesa Colombia, la Cancillería cubana sí lo hace. “La injustificada acción pretende desviar la atención de la comunidad internacional y la sociedad colombiana de la represión violenta de las fuerzas militares y policiales contra los manifestantes que ha provocado decenas de muertes y cientos de heridos”, publicó en Twitter.
Otras instituciones cubanas han denunciado la represión militar. Incluso instituciones de perfil cultural como Casa de las Américas, han realizado declaraciones al respecto: “¡Basta de crímenes, basta de impunidad! La Casa de las Américas se solidariza con los reclamos del pueblo colombiano, y con los escritores y artistas de ese país que exigen paz, justicia y dignidad para todos”.
Estos pronunciamientos hacen notar cómo las instituciones al servicio de los estados responden enérgicamente cuando lo que se cuestiona es la gestión de otros gobiernos en relación con crisis sociales.
Tanto los que anulan la presencia de un diplomático cubano en Colombia como quienes desde Cuba denuncian lo que sucede en la nación andina, parecen incapaces de decir una palabra en defensa de los ciudadanos de sus propios países, a los que lógicamente se deben.
Las violaciones de derechos humanos en Colombia no son nuevas y aun cuando ahora han llegado a un punto crítico, el año pasado el Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, presentó su informe llamado El oro y las balas: el documento relata las 1 419 violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario en Colombia durante el año 2019.
Cuba, por su parte, también tiene deudas en derechos humanos que los organismos internacionales y hasta sus aliados —Unión Europea, por ejemplo— reportan. La crisis del Movimiento San Isidro el pasado mes de noviembre, cuando varios de sus miembros y otros ciudadanos se declararon en huelgas de hambre, y de hambre y sed, fue uno de los momentos más tensos de los últimos años.
