Texto: Redacción Cuba Noticias 360
Foto: Jorge Luis Borges
El gobierno cubano reconoció tiene un problema (más) con los deambulantes que no ha podido dar solución y que, siendo sinceros, el deteriorado contexto económico y social en el país no lo permitirá nunca.
Mediante unos «avances» en el perfeccionamiento de la política para la atención a personas con conducta deambulante, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) busca conceptualizar un fenómeno social que, lejos de ser una nueva realidad, ha existido durante décadas en las calles de las ciudades cubanas.
Publicado en Gaceta Oficial, el Acuerdo 10056/2025 sobre la «conducta deambulante» busca responder desde el oficialismo cuestiones que han cobrado auge en los últimos años con la marcada desigualdad de clase sociales y profunda crisis económica en Cuba.
De acuerdo la directora de Prevención, Asistencia y Trabajo Social, Belkis Delgado Cáceres, la conducta deambulante es un trastorno multicausal caracterizado por «la inestabilidad y la inseguridad en el hogar, la carencia de autocuidado y autonomía económica, la falta de apoyo familiar, y la transgresión de normas sociales».
Sin embargo, la manera en que el gobierno define este comportamiento parece reducir a los individuos a un conjunto de características patológicas, sin abordar con profundidad las razones estructurales y económicas que propician esta realidad. El gobierno, una vez más, se equivoca.
La definición se atañe únicamente a un entorno familiar y no admite que en gran parte es causado por el propio gobierno y sus políticas erróneas, por la desestabilización económica, por la imposibilidad de muchos –sobre todo de personas mayores– de acceder a alimentos básicos en parte por la inflación o porque no pueden comprarlos en las tiendas al no tener familia en el exterior que le mande las divisas.
En Cuba, el fenómeno de los deambulantes no es algo nuevo. Desde hace años, la pobreza extrema, la falta de vivienda digna y el colapso de muchas estructuras familiares en parte por la migración han llevado a miles de personas a las calles.
Aun cuando se habla de «rehabilitación y reinserción social» la pregunta que queda en el aire es si esta medida realmente busca mejorar las condiciones de vida de los deambulantes o si, por el contrario, solo pretende ocultar una problemática social que no puede ser ignorada.
Nueva norma define el Centro de Protección Social
Con el objetivo de «eliminar» a los deambulantes de las calles, el gobierno dispuso la creación de Centros de Protección Social para «contribuir a la rehabilitación y reinserción social de las personas con conducta deambulante».
Dispone también de un «protocolo de actuación» para la detención, información y traslado de las personas con conducta deambulante, incluido uno específico cuando se detectan menores de edad en esta situación.
Pero, ¿por qué la detención? Es sabido con frecuencia sale un ómnibus en las principales ciudades del país para recoger a esas personas, donde van tres trabajadores sociales y oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria, ante lo cual muchos se esconden pues acudir a los Centros implica, también, tener un expediente que incluye una ficha policial.
La idea de detener deja un sabor amargo en una sociedad que debería estar enfocada en generar oportunidades y en brindar apoyo real a las personas, no en forzar su regreso a una normalidad que, en muchos casos, no existe ni alcanzarán.
La reinserción social no puede lograrse a través de medidas punitivas ni con un enfoque que deshumaniza a las personas. En la mayoría de los casos la reinserción no funciona pues una vez salen a la sociedad mantienen los mismos problemas por que salieron a deambular.
Servicios sociales comunitarios: un avance que no es suficiente
El MTSS también anunció la ampliación y mejora de los servicios de cuidado dirigidos a grupos vulnerables, como teleasistencia y asistencia social a domicilio.
«Este servicio se ofrece en el hogar de la persona, propiciando que esta se mantenga en su entorno habitual, satisfaga sus principales necesidades biológicas, psicológicas, comunicativas y sociales, y tenga acceso a los servicios comunitarios», refirieron los especialistas.
No obstante, el verdadero reto sigue siendo la capacidad de implementación efectiva y la sostenibilidad financiera de estos servicios pues con la nueva norma reconoce el cuidado como un trabajo, en correspondencia con los principios del Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida por lo que los cuidadores deberán percibir un salario.
En un país donde la crisis económica ha empeorado en los últimos años, es legítimo cuestionarse si el presupuesto destinado a estos servicios será suficiente para cubrir tanto a la población vulnerable, como a sus cuidadores.
La atención a los deambulantes y a los grupos vulnerables es una deuda histórica del Estado cubano, que se agrava por las fallidas políticas de los últimos tiempos, sobre todo, las relacionadas con aspectos básicos como la falta de acceso a la alimentación, ahora solo en una moneda extranjera a las que la gran mayoría no tienen ni tendrán nunca acceso.
La negación que por muchos años mantuvo el Estado de reconocer el fenómeno de los deambulantes por errores propios salió a la luz. La política social cubana sigue siendo insuficiente si no se enfrenta de manera integral las causas estructurales de la pobreza, la marginalidad y la falta de acceso a servicios básicos.
Mientras, las calles de las ciudades cubanas siguen siendo testigos del sufrimiento de miles de personas en situación de deambulación sin una solución en su futuro a largo, y mucho menos, a corto plazo.
