Foto: Roy Leyra | CN360
Texto: Redacción Cuba Noticias 360
El presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), Antonio Rodríguez Rodríguez, lo aseguró en televisión nacional hace apenas unos días: “Los servicios de agua a la producción y a la población constituyen prioridades del país aún en medio de la actual contingencia energética”. Pero que lo haya dicho así, categóricamente, no le confiere más credibilidad ante los ojos de Cuba.
Por más que los funcionarios del INRH hablen del programa inversionista para el cambio de la matriz energética o de la intención tantas veces pospuesta de reponer las bombas averiadas, que son tantas que se atropellan; por más que digan frente a las cámaras que la crisis del abasto de agua es una situación puntual que debe resolverse, miles —para no asegurar, también categóricamente, que millones— de cubanos no disponen de agua potable a diario y con la calidad requerida.
Tal circunstancia ha venido agravándose durante los últimos años, cuando no se ha podido reponer la cantidad de electrobombas previstas, ni importar insumos necesarios en la sostenibilidad de los talleres de equipos de bombeo y paneles eléctricos.
Y eso se escribe así, en blanco y negro, en los informes; pero en la concreta son los ciudadanos los que deben pagar pipas por la izquierda al precio que impongan los “piperos” o llenar tanques a como puedan o, sencillamente, comprar galones de agua porque la que llega por el acueducto no cumple con los mínimos estándares para ser considerada potable.
Las cifras oficiales reveladas por el propio Antonio Rodríguez en la más reciente sesión del parlamento no dejan margen a dudas: más de 156 000 personas carecen de un acceso adecuado al agua potable en Cuba debido al mal estado de la infraestructura hidráulica y otros problemas asociados, en lo fundamental, a la profunda crisis energética que vive el país.
Unos 475 000 habitantes son servidos a través de carros cisternas, cuyo ciclo de abasto aumentó por la sequía, la rotura de equipos de bombeo y los agobiantes apagones; alrededor de 2 millones de personas reciben el agua cada tres días o más y existen 478 asentamientos poblacionales con más de 2 000 habitantes que no tienen —total o parcialmente—, redes de acueducto.
De acuerdo con la Estrategia Ambiental Nacional, 800 000 cubanos cargan el agua desde una distancia de 200 o 300 metros y alrededor de 3 millones de personas se abastecen por otras vías y consumen agua sin tratar.
A esas cifras elevadísimas y alarmantes de afectados se les puede explicar lo que sea: que la isla confiere especial prioridad a los programas hasta 2030 de abasto de agua potable, saneamiento, almacenamiento y trasvase; o que hay que extremar las medidas de ahorro, sobre todo de los clientes que cuentan con servicios no metrados, que gastan cientos de litros diarios porque la factura es solo de siete centavos…; se les puede explicar lo que sea, que no van a darse por satisfechos hasta que logren recibir en sus hogares un servicio que está considerado en el mundo como un derecho humano.
Según los propios especialistas del INRH, el 77 por ciento de todas las quejas reportadas sobre los servicios de abasto y calidad del agua han tenido razón, por lo que insisten en que los funcionarios den “respuestas adecuadas con buenas estrategias de comunicación” porque de nada valen los harakiris y los mea culpa: una explicación a secas no hace salir el agua por la ducha del baño.
