Foto: Jorge Luis Borges
Texto: Darcy Borrero
El mayor desafío de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) cubanas —decían desde 2014 los autores Yarbredy Vázquez y Leonardo Arredondo Cervantes en un análisis económico— está relacionado con el entendimiento de estas como parte definitiva de la solución a los problemas económicos de la isla y no como solución transitoria.
Ya en junio de 2021, titulares de prensa internacionales dan cuenta de que el Gobierno de Cuba autorizó el miércoles pasado la constitución MiPyMEs tanto en el sector público como en el privado.
El primer ministro cubano, Manuel Marrero, explicó en una reunión del Consejo de Ministros que las empresas privadas tienen la posibilidad de constituirse siempre que no se encuentren en el listado de “actividades prohibidas para el sector privado”, una lista nutrida que incluye a buena parte del ámbito profesional y cultural.
Dicta el sentido común que es un desafío para los empresarios y para el gobierno la implementación eficaz de este tipo de empresas mientras no se reconozca legítimamente y por la praxis institucional a las MiPyMEs privadas cubanas.
En el análisis citado que lleva por título “importancia de las pymes en el mundo. Recomendaciones para cuba” publicado en la Revista Cubana de Economía Internacional, se identifican desde hace siete años nuevas tendencias y contextos que favorecen, limitan y, en último caso determinan el desempeño de las micro, pequeñas y medianas empresas. Se ofrecen recomendaciones de política económica relativas al aprovechamiento del potencial de las empresas de pequeño formato en Cuba.
Para ello recurren al contexto internacional: “Aunque resulta muy difícil encontrar información precisa al respecto, las estimaciones sugieren que más del 95% de las empresas en el mundo son MiPyMEs, generando más del 60% del empleo en el sector privado (Ayyagari et al, 2011). Japón tiene la mayor proporción de PYMEs entre los países de la OECD, toda vez que el 99% de sus empresas clasifican como tal, India reconocía 13 millones de PyMEs en 2008 (The Economist Intelligence Unit [EIU], 2010), el 80% de las empresas del país (Ghatak, 2010); las autoridades de Sudáfrica computan el 91% de las entidades de empleo formal como PyMEs (Abor and Quartey, 2010)”.
Asimismo, para esa fecha (2014) la Unión Europea estima que a principios de 2014 el 99,7 % de sus empresas eran PyMEs, que empleaban al 66,6% de su fuerza de trabajo y contribuían al 57,8% de la creación de valor agregado del bloque regional.
No obstante, las nuevas mipymes cubanas, según lo publicado por la prensa internacional, no podrán dedicarse al sector de la salud, al de las telecomunicaciones o a la energía, entre otros que para el estado son “estratégicos”.
Tampoco podrán tener como centro actividades que en la isla sí están permitidas para los trabajadores por cuenta propia (programador informático, traductores e intérpretes, veterinarios para animales domésticos, diseñadores, ciertos tipos de consultorías, etc).
Estas regulaciones tienen como contexto la crisis económica cubana agudizada por la pandemia de COVID-19. Con una contracción del 11% del PIB en 2020, el gobierno de Miguel Díaz-Canel y Alberto Marrero está aprobando estas medidas para “ordenar” a los actores que intervienen en el escenario económico. Así lo dijo el presidente, en tanto su administración prometió “liberar al sector privado” el pasado mes de febrero.
El presidente Díaz-Canel indicó también que esta decisión de reconocer a nuevos actores económicos quitará al Estado de “actividades que no son fundamentales en el desempeño económico”.
«Necesitamos que el sector estatal sea más proactivo, que sea más eficiente, que se sacuda un poco de la inercia, que sea más innovador. Aquí todo lo que sea ineficiente, lo que sea corrupto e ilegal; todo lo que tenga una dinámica de trabajo y todo lo que no sea innovador y proactivo, es dañino, sea estatal o no estatal», ha agregado Díaz-Canel en declaraciones recogidas por ‘Diario de Cuba’.
Marrero ha aclarado que, pese a la apertura económica, «la empresa estatal es el sujeto principal de la economía», advirtiendo que la ampliación de actividades de las formas no estatales de gestión (empresas privadas) no conducen a un proceso de privatización. «Hay límites que no se pueden rebasar», ha sentenciado.
Tendrían además, en este caso, que atender a recomendaciones de expertos, como los que desde 2014 llaman a las instancias gubernamentales a proveer a las MiPyMEs de acceso a mercados mayoristas, por ejemplo. “Por claros motivos de eficiencia el acceso del sector privado a mercados mayoristas es una necesidad impostergable”.
También, dice el informe, por la relación que existe entre mercado mayorista e importación en una economía con problemas de seguridad alimentaria y de abastecimiento de materias primas como la cubana, “este parece ser un objetivo difícil de alcanzar en el corto plazo, si no aumentan drásticamente las exportaciones”.
Como alternativa proponen ir pasando “algunas cuotas de mercado mayoristas que hoy ostentan grandes empresas estatales” al sector no estatal, creando los mecanismos para que no se produzcan problemas de otra índole como acaparamiento y especulación. “Pero a mediano plazo parece insostenible el encarecimiento que genera que tanto los hogares como las MiPEs acudan al mercado minorista para abastecerse. El problema se agudiza cuando se le añade el tema de los mercados informales”, sentencia el documento.
