Foto: Roy Leyra | CN360
Texto: Redacción Cuba Noticias 360
El juez federal de Texas, Drew B. Tipton, ha decidido no congelar de manera inmediata el programa de parole humanitario establecido por la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el pasado 6 de enero.
Este programa beneficia a los migrantes de Haití, Nicaragua, Venezuela y Cuba, y otorga un límite de 30,000 permisos humanitarios al mes.
Tipton ha determinado que la solicitud de los 20 estados estadounidenses de congelar el programa de manera inmediata se analizará como parte del juicio, cuya fecha de inicio aún no se ha establecido.
Han demandado la iniciativa Texas, Florida, Alabama, Alaska, Arkansas, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, South Carolina, Tennessee, Utah, West Virginia y Wyoming.
Los fiscales generales de estos 20 estados argumentan que la decisión del gobierno de Biden de dar luz verde al programa fue «arbitraria y caprichosa», y que supone un gasto de millones de dólares para los estados que tienen que proveer servicios a los migrantes.
El programa de parole humanitario, busca beneficiar a extranjeros que ingresen a los Estados Unidos, siempre y cuando cuenten con un patrocinador que se haga cargo de sus gastos de manutención. Los beneficiarios también podrán obtener permisos de trabajo y comenzar el proceso para obtener sus documentos migratorios.
Una persona puede ser patrocinada por cualquier familiar, amigo, o persona que represente a una organización, que sea ciudadano estadounidense y cumpla los requisitos para apoyar económicamente al beneficiario durante su período de parole (dos años).
El pasado 14 de febrero, los demandantes originales, presentaron una medida cautelar buscando congelar temporalmente el programa antes de la fecha establecida originalmente para la vista, el próximo 25 de abril.
Sin embargo, el juez Tipton ha decidido que la solicitud de los estados de congelar la implementación del programa se analizará como parte de la vista misma, no antes.
Mientras tanto, el programa continúa beneficiando a los migrantes de Haití, Nicaragua, Venezuela y Cuba.
Algunos abogados de inmigración han calificado la demanda como un «circo político» creado por los fiscales republicanos para crear caos en la frontera.
