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Retrasan debate y aprobación de la Ley de Comunicación Social en Cuba

Foto: Archivo | CN360

Texto: Redacción Cuba Noticias 360

La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (ANPP) acordó retrasar el debate y la aprobación de la Ley de Comunicación Social, según trascendió este lunes en uno de los encuentros del Parlamento cubano.

La versión 32 del anteproyecto de Ley se había presentado en julio pasado después de varios años de redacción, pero el Consejo de Estado pidió retrasar su aprobación por su “complejidad” y los cambios a los que ha sido sometida últimamente que no habían sido trasladados en su totalidad a los parlamentarios, según explicó Esteban Lazo, presidente de la ANPP.

Lazo añadió que esta “importante” normativa, la primera del país en su ámbito, podría debatirse en febrero o marzo de 2023, después de incluidas más opiniones de especialistas y ciudadanos.

En el anteproyecto se reconoce la comunicación social como un elemento indispensable para el desarrollo económico y social del país. Además, está prevista la existencia del Instituto de Información y Comunicación Social, entidad rectora estatal que fue constituida el pasado año.

Las autoridades cubanas han informado que este Instituto “tiene la misión de conducir y controlar la Política de la Comunicación Social del Estado y el Gobierno cubano; proponer su perfeccionamiento, así como contribuir a fomentar la cultura del diálogo y el consenso en la sociedad cubana”.

El anteproyecto de Ley de Comunicación define además la categoría de “medios fundamentales de comunicación social” como “instituciones mediáticas de carácter estratégico en la construcción del consenso y en la gestión participativa del desarrollo económico, social y cultural de la nación”.

Por otra parte, afirma que “medios fundamentales” serán exclusivamente “propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas, sociales y de masas y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad, de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República de Cuba”.

No obstante, reconoce la existencia de otros medios con un perfil editorial determinado, aunque este reconocimiento aparece un tanto difuso en el texto: “Estos medios pertenecen a instituciones y entidades del Estado, órganos locales del Poder Popular, organizaciones políticas, sociales y de masas, formas asociativas y otros actores económicos y sociales legalmente reconocidos, los cuales tienen la obligación de inscribirlos en el Registro Nacional de Publicaciones Seriadas”.

Actualmente las dudas son varias respecto a esta categorización de medios que no son “fundamentales”, sobre todo porque mantiene en la ilegalidad a los medios que surjan o existan ya de manera “independiente” de las instituciones estatales de la isla.

Como parte del texto, se pueden leer prohibiciones relativas a los contenidos “para hacer propaganda a favor de la guerra, de un Estado extranjero hostil a los intereses de la nación, el terrorismo, la violencia y la apología del odio entre los cubanos”. Además de aquellos que tengan como objetivo “desestabilizar el Estado socialista de derecho”.

Entre otras legislaciones aprobadas recientemente se encuentra el nuevo Código Penal de Cuba, cuyo texto comprende la sanción de hasta tres años de cárcel a “quien difunda noticias falsas con el objetivo de “perturbar la paz internacional o de poner en peligro el prestigio o el crédito del Estado cubano”.

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