Texto: Redacción Cuba Noticias 360
Los migrantes con situación irregular en Florida podrían verse afectados tras la aprobación por parte de la Legislatura de un controversial proyecto de ley que penaliza con sanciones de cárcel a las personas que los transporten o les brinden apoyo dentro del territorio.
Con votación de 83-36, la Cámara de Representantes estatal aprobó la propuesta legislativa con el respaldo de la mayoría republicana. De hecho la semana pasada el Senado también la avaló por amplio margen partidista de 27-10.
De esta jornada trascendió que la representante cubanoamericana Vicki López, republicana por Miami, se unió a los demócratas en contra del proyecto de ley. Por su parte, Kiyan Michael, legislador por Jacksonville, al cerrar los debates en el hemiciclo de la Legislatura estatal en Tallahassee, expresó: «El cielo tiene fronteras, el infierno no las tiene”
Solo falta ahora la firma del gobernador Ron DeSantis, una cuestión de trámite, pues el proyecto constituye uno de los pilares de la estrategia del político republicano con vistas a su eventual candidatura presidencial. De ser así, la ley entraría en vigor el 1 de julio próximo.
El proyecto, además, fue el espaldarazo legislativo que solicitó DeSantis para avalar su polémico programa de reubicación, luego de enviar un grupo de inmigrantes, mayoritariamente venezolanos, desde Texas a Martha’s Vineyeard, en Massachusetts, en medio de la polémica con el gobierno federal.
Algunas disposiciones contenidas en la legislación son:
- Ampliar los requisitos para que los negocios que cuenten con más de 25 empleados utilicen el sistema federal E-Verify, que determina los individuos que pueden trabajar legalmente en Estados Unidos.
- Prohibir a las entidades gubernamentales estatales y locales hacer negocios con empresas que transporten a «extranjeros no autorizados» a Florida, a menos que sean trasladados para facilitar la «detención, expulsión o salida de la persona de este estado o de Estados Unidos». Aerolíneas, empresas de ómnibus y contratistas independientes pueden continuar trasladando a inmigrantes indocumentados dentro del estado a nombre del gobierno federal, pero podrían arriesgarse a perder un contrato estatal o local.
- Impedir que los gobiernos locales financien organizaciones para emitir documentos de identidad a personas que se encuentran de manera ilegal en el país.
- Invalidar las licencias de conducción emitidas en otros estados y que estén en posesión de inmigrantes no autorizados.
- Sancionar con penas de entre cinco y 15 años de cárcel a residentes permanentes o ciudadanos estadounidenses que protejan, encubran o viajen en su mismo vehículo con una persona indocumentada, lo que podría considerarse una felonía de tercer grado.
- Ordenar a los hospitales con pacientes inscritos en el programa Medicaid que incluyan una pregunta de sobre estatus migratorio en los formularios de ingreso, y realicen reportes trimestrales al Departamento de Salud de Florida.
