Texto: Redacción Cuba Noticias 360
La Société Générale SA (SOGN.PA) y BNP Paribas SA (BNPP.PA) quedaron absueltos de una demanda en Nueva York que los acusaba de trabajar con bienes incautados por el gobierno cubano luego de 1959.
SocGen y Paribas fueron acusados de evadir las sanciones estadounidenses al hacer negocios con el Banco Central de Cuba después de que este nacionalizó al Banco Núñez y otros prestamistas, lo que resultó en más de mil millones de dólares en ganancias para los bancos franceses desde 2000.
La demanda habría sido puesta por 12 herederos, en su mayoría hijos y nietos, de Carlos y Pura Núñez, quienes habían sido dueños del Banco Núñez antes y durante la Revolución Cubana, según cita la agencia Reuters.
Una jueza de Manhattan declaró que la corte estadounidense carecía de jurisdicción sobre BNP Paribas, que según los herederos “rutinariamente entregaba efectivo en Suiza al Banco Central cubano y realizaba transacciones con entidades que hacían negocios con él”.
Los demandantes habían impuesto dicho recurso legal en virtud de la Ley Helms-Burton, la cual permite que los herederos de bienes confiscados, luego del primero de enero de 1959, intenten demandar a organizaciones que se encuentren en alianza con las autoridades cubanas en la explotación de los mismos.
Anteriormente, en noviembre de 2018, SocGen acordó pagar $ 1340 millones y celebrar un acuerdo de enjuiciamiento diferido para resolver los cargos de EE. UU. por su manejo de transacciones relacionadas con Cuba y otros países sancionados.
En ese sentido también son varias las familias que han intentado demandar a la cadena hotelera Meliá, por sus negocios en Cuba, supuestamente bajo propiedades confiscadas. Hasta el momento ninguna de estas demandas ha resultado en fallos favorables para los demandantes.
Muchas de estas acciones legales tomaron fuerza durante la administración del expresidente republicano Donald Trump, quien junto a medidas como la prohibición de que los cruceros estadounidenses tocaran tierras cubanas, impulsó este tipo de demandas bajo la justificación de aumentar las acciones contra las autoridades de la Isla caribeña.
