Texto: Redacción Cuba Noticias 360
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El parlamento venezolano ha aprobado en su primera revisión una propuesta ordenada por el presidente Nicolás Maduro. Se trata del proyecto de ‘Ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares’, calificada por analistas políticos como una “mordaza contra la oposición”.
El proyecto pasaría ahora a un segundo debate con las reglas establecidas en su Constitución y los reglamentos respectivos, y de salir con balance positivo, será aprobada la iniciativa del Ejecutivo. Sin embargo, qué podría representar para Venezuela esto, qué promulgan sus artículos que ponen al país en el centro del debate internacional.
La ley, según el oficialismo, da “medios y mecanismos para preservar la convivencia pacífica y la tranquilidad pública”, buscando un “ejercicio democrático de la voluntad popular”, así como “el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, frente a agresiones de orden fascista”. Pero esa es su fachada.
Por ejemplo, el Artículo 4 cataloga al ‘fascismo’, como el uso de la violencia como método político aunado a la denigración de las instituciones. Es decir una postura ideológica que asume la violencia como método político, enarbola la cultura de la muerte, denigra de la democracia, sus instituciones y valores republicanos.
Por su parte, en los Artículos 9 y 11 se obligan a los medios de comunicación, así como a las redes sociales, a difundir los mensajes que ellos consideren democráticos. Señala: “Los prestadores de servicio de radio , televisión, medios electrónicos, y medios impresos públicos, privados y comunitarios, están obligados a difundir mensajes dirigidos a promover el ejercicio democrático de la voluntad popular”.
Y llega el Artículo 12, el cual establece las prohibiciones para las reuniones públicas y manifestaciones convocadas con el objeto de promover o hacer apología al fascismo.
Aquellos que violen la “‘Ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares”, serán castigados con penas de entre 8 a 12 años de cárcel y la inhabilitación política.
Si es una corporación la que fomenta o financia movimientos pacíficos civiles, se le impondrán altísimas multas y si se trata de un medio masivo de comunicación, podría perder la licencia de transmisión.
El activista político argentino Agustín Antonetti ha calificado esto como una de las leyes más brutales presentadas en toda la historia del continente: “Esto es gravísimo”, alegó.
