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Texto: Redacción Cuba Noticias 360
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, demandó respuestas sobre los vínculos de Twitter con agencias gubernamentales de EE.UU. en las acciones ejercidas contra la isla.
A través de Twitter, el canciller cubano señaló que los llamados Twitter Files, “documentos filtrados a periodistas, demuestran que las agencias de inteligencia de EE.UU., el Pentágono y el Departamento de Estado coordinaban con Twitter acciones de guerra psicológica”.
Además, agregó que “a la par, el FBI pagaba a la empresa para que respondiera a sus solicitudes”.
Rodríguez apuntó que el editor de la plataforma Substack, Matt Taibbi, reveló que “en las largas listas de cuentas que recibió Twitter con indicaciones de censura se encuentran usuarios cubanos, `marcados para moderación o ejecución digital´”.
En su publicación en la red social el canciller cubano reveló que el editor afirmó que “el gobierno de EE.UU. estuvo en contacto constante no solo con Twitter sino con prácticamente todas las empresas tecnológicas importantes… Estos incluyeron Facebook, Microsoft, Verizon, Reddit, incluso Pinterest y muchos otros”.
Más adelante, el ministro cubano reiteró su denuncia ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el pasado 3 de noviembre, en la cual aseguró que “el gobierno estadounidense destina decenas de millones de dólares del presupuesto federal y fondos encubiertos, y recluta a instituciones gubernamentales y empresas privadas para financiar a los operadores políticos que ejecutan campañas de desinformación, odio y desestabilización en las redes digitales contra Cuba”, según apuntó la agencia estatal Prensa Latina.
Respecto a este asunto, Rodríguez Parrilla habría asegurado que “Twitter y Meta (Facebook), que ahora tiene entre sus principales directivos a quien fuera jefe de campaña de un senador republicano anticubano; desplegaron, en simultáneo, acciones de censura contra medios públicos y usuarios cubanos”.
La imposición de Twitter de una etiqueta a varias publicaciones cubanas como “vinculadas al gobierno” fue para el canciller una “acción selectiva, coordinada, que viola el derecho a la libre expresión de los cubanos y que expresa la subordinación de estas empresas a los arbitrios de los políticos estadounidenses”.
