Fotos: Cuba Noticias 360
Texto: Hugo León
Las protestas de Nuevitas, que tuvieron lugar hace poco más de un año en medio de apagones de hasta 18 horas, finalmente tienen la respuesta del gobierno: la fiscalía pide condenas extremas para 14 imputados, alegando cargos contra la seguridad nacional del país.
Según la información disponible los imputados son 11 hombres y tres mujeres de entre 21 y 44 años de edad a quienes se les ha acusado por sedición, propaganda enemiga de carácter continuado, atentado, resistencia, sabotaje y encubrimiento.
La Fiscalía ha solicitado penas de hasta 15 años de cárcel para los involucrados.
De acuerdo con el fiscal hay 11 casos de sedición, dos casos de propaganda enemiga de carácter continuado, una acusación de resistencia, una de encubrimiento y otra de sabotaje. Una de las penas de 15 años es para una ciudadana que filmó las protestas y la reacción policial.
Cuatro de los acusados estarían enfrentando penas de 15 años de privación de libertad, otro se enfrenta a una pena de 11 años, ocho ciudadanos soportarían condenas de 10 años y una persona tendría una pena de cuatro años.
Como siempre sucede ante estos casos, sin importar si la protesta es pacífica o no, la fiscalía consideró que se trataba de sedición porque que para ellos son “principales promotores del desorden y buscan “crear un caos interno en la ciudad” para poner en peligro la tranquilidad ciudadana.
También repitiendo el discurso de las máximas autoridades, la fiscalía asegura que la intención es provocar un estado de ingobernabilidad y desobediencia civil que se difundiera por Camagüey, en aras de “violentar el sistema sociopolítico vigente en la nación”.
Cuba, donde desde 2021 la población se lo piensa menos para salir a las calles para exigir electricidad o vindicaciones sociales, el gobierno ha dictado decenas de sentencias por sedición en los que las penas incluso llegan a los 30 años de cárcel, aunque no se haya podido demostrar la violencia de los imputados.
Al respecto, organizaciones no gubernamentales y activistas independientes han denunciado que estos juicios no sólo cometen graves irregularidades en el llamado “debido proceso”, sino que las sentencias tienen un carácter ejemplarizante para que otros millones de cubanos no salgan a las calles.
La Constitución vigente en Cuba, aprobada en 2019, no menciona ni siquiera una sóla vez la palabra protesta, y al hacer alusión al derecho de reunión y de manifestación, deja claro que el Estado sólo las reconoce si se ejercen “con respeto al orden público y al acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley”.
La misma Constitución asegura, en su artículo 54 del Capítulo II, que “el Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión”. Tales libertades, en la práctica, evitarían la imposición del delito de sedición, que no se menciona en la Constitución y sí en el Código Penal.
Las protestas en Nuevitas tuvieron lugar entre el 18 y el 19 de agosto de 2022 y estuvieron entre las más grandes conocidas después de las multitudinarias protestas antigubernamentales de julio de 2021.
En ambos casos, la respuesta policial cortó de tajo las protestas, algo negado por el gobierno pero visible en los videos en redes sociales y registrado en decenas de declaraciones de ciudadanos.
También en ambos casos, las autoridades locales y nacionales aseguraron que entendían el malestar que generaba las protestas y que “confundía a los revolucionarios”, pero las manifestaciones seguían injustificadas, según se aprecia con las condenas pedidas por la fiscalía.
