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Texto: Redacción Cuba Noticias 360
A la gente en realidad no le interesa demasiado si el punto de venta de la esquina es una micro, pequeña o mediana empresa (mipyme), una Cooperativa No Agropecuaria (CNA) o un Proyecto de Desarrollo Local (PDL). A la gente lo que le interesa es encontrar lo que busca y, de paso, al menor costo posible.
No obstante las similitudes en cuanto a atribuciones y alcance, estos actores económicos que conviven en el panorama financiero cubano tienen profundas diferencias, consignadas en la ley y probadas una y otra vez en la práctica.
Las mipymes y las CNA son entidades económicas de carácter empresarial, constituidas por una persona —en el caso de la empresa unipersonal— o un grupo de personas que se asocian voluntariamente y aportan dinero, bienes y derechos para la satisfacción de necesidades de sus propietarios y de interés social.
Por su parte, un PDL es una inversión a diferente escala que se propone solucionar un problema social o económico concreto de la comunidad en la que se gesta y, por ende, se inserta orgánicamente en la estrategia de desarrollo concebida por el municipio, de acuerdo con expertos de la Universidad de La Habana.
Por más que se lo propongan y por muy altruistas objetivos que persigan, ninguna de estas formas de gestión ha conseguido hasta el momento satisfacer las necesidades de productos, servicios o empleos que subyacen en el escenario social de la isla, aunque sí vienen a poner una curita en determinadas carencias que, de no ser por estas iniciativas, harían más tensa la crisis de casi todo que vive el país.
Tanto mipymes como cooperativas tienen personalidad jurídica y facultades parecidas, pero se diferencian en las formas de propiedad: si bien en la CNA todos los socios son dueños, la remuneración depende del trabajo aportado y las decisiones se toman de conjunto, las mipymes —privadas en una abrumadora mayoría— responden a intereses individuales y son los dueños quienes determinan aspectos tan relevantes como los trabajadores que contratan y los montos que les pagan.
En materia de tributos y bonificaciones fiscales radica otro de los grandes cismas entre mipymes y cooperativas, pues la carga impositiva es inferior en estas últimas, que solo pagan impuesto por la utilización de fuerza de trabajo y contribución a la seguridad social cuando contratan personal.
En cuanto a fuentes de financiamiento, los PDL tienen todas las de ganar, ya que manejan un abanico de posibilidades que incluye la contribución territorial para el desarrollo local, fondos gubernamentales de diversa índole, la cooperación internacional y el presupuesto del Estado, entre otros, según los documentos rectores de este modelo de gestión.
En la más reciente sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en diciembre último, el primer ministro Manuel Marrero aseguró que el municipio debe ser el escenario natural donde se defina la cantidad y naturaleza de los actores económicos, con lo cual anunció que la papa caliente de la aprobación de las mipymes pasaría, del Ministerio de Economía y Planificación —que las venía autorizando hasta ahora—, a los Consejos de Administración Municipal.
La medida es, sin dudas, una muestra ¿tardía? de descentralización en la toma de decisiones que pudiera beneficiar al territorio y que evitaría la elevada concentración de algún tipo de negocios en una región específica, mientras en otras apenas surgen emprendimientos.
En una presentación ante la Comisión de Servicios del parlamento, la viceministra de Economía y Planificación Johana Odriozola presentó un informe sobre el funcionamiento de las formas de gestión no estatal en el que alertó sobre la escasa inserción efectiva de estas en las Estrategias de Desarrollo Municipal.
“Esto sugiere que los actores no estatales no están adecuadamente integrados o alineados con los planes y objetivos de desarrollo local, lo que podría limitar su contribución al desarrollo económico y social del municipio”, explicó Odriozola, con lo cual pareciera haber descubierto a estas alturas el agua tibia.
La polémica sobre las formas de gestión no estatal en Cuba, sus prerrogativas y las “distorsiones” con las que fueron concebidas ha trascendido ampliamente los debates de la Asamblea Nacional, que apenas rozó la opinión del pueblo, y se caldea a diario en los barrios, donde un simple punto de venta —sea del actor económico que sea— ofrece los bienes y servicios que el Estado cada día está más lejos de garantizar a sus ciudadanos.
