Foto: Jorge Luis Borges Liranza
Texto: Redacción Cuba Noticias 360
Según la norma cubana, estas PYMES son unidades económicas con personalidad jurídica, que poseen dimensiones y características propias, y tienen como objeto desarrollar la producción de bienes y la prestación de servicios que satisfagan necesidades de la sociedad.
La novedad en el ámbito cubano radica en que estas pueden ser, a partir de ahora, de propiedad estatal, privada o mixta, y se clasifican según el indicador del número de personas ocupadas, incluidos los socios, en: micro empresa –cuyo rango de ocupados es de 1 a 10 personas–, pequeña empresa –de 11 a 35 personas– y mediana empresa –de 36 a 100 personas–.
Con la nueva norma que aún no ha sido publicada en La Gaceta Oficial sino como adelanto en la web de la Asamblea del Poder Popular, las autoridades dicen facilitar la inserción de las PYMES de forma “coherente en el ordenamiento jurídico como actor que incide en la transformación productiva del país, delimita los procedimientos para su creación y extinción, y define los criterios de clasificación y los principios de su funcionamiento”.
En ese sentido, la ACN publicó un hilo en Twitter donde explica que este decreto delimita los procedimientos para crear y extinguir estas empresas, así como define los criterios de clasificación y los principios de su funcionamiento: “(…) las autoridades facultadas para imponerlas y las vías para resolver las inconformidades que se presenten, en correspondencia con el perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia, su sistema de control, la experiencia en su aplicación y el actual escenario económico-social, se lee en Twitter.
El mayor desafío de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) cubanas —decían desde 2014 los autores Yarbredy Vázquez y Leonardo Arredondo Cervantes en un análisis económico— está relacionado con el entendimiento de estas como parte definitiva de la solución a los problemas económicos de la isla y no como solución transitoria.
Ya en junio de 2021, titulares de prensa internacionales daban cuenta de que el Gobierno de Cuba autorizó la constitución MiPyMEs tanto en el sector público como en el privado. El primer ministro cubano, Manuel Marrero, explicó en una reunión del Consejo de Ministros que las empresas privadas tienen la posibilidad de constituirse siempre que no se encuentren en el listado de “actividades prohibidas para el sector privado”, una lista nutrida que incluye a buena parte del ámbito profesional y cultural.
Dicta el sentido común que es un desafío para los empresarios y para el gobierno la implementación eficaz de este tipo de empresas mientras no se reconozca legítimamente y por la praxis institucional a las MiPyMEs privadas cubanas.
La Asamblea Nacional publicó ayer que “este órgano adoptó el decreto-ley «Sobre el ejercicio del trabajo por cuenta propia», que actualiza las disposiciones generales para su desarrollo, regula el procedimiento para tramitar las autorizaciones a través de la Oficina de Trámites creada a tal efecto, adecúa su sistema de organización y control, así como perfeccionar las responsabilidades de las administraciones locales del Poder Popular, los órganos, organismos de la Administración Central del Estado y entidades nacionales en relación con esta modalidad de empleo”.
No obstante, el Consejo de Estado aprobó el decreto-ley «De las Contravenciones Personales en el Ejercicio del Trabajo por Cuenta Propia» con el objetivo de “establecer las infracciones relativas a esta actividad, las sanciones, medidas aplicables a los infractores, las autoridades facultadas para imponerlas y las vías para resolver las inconformidades que se presenten, en correspondencia con el perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia, su sistema de control, la experiencia en su aplicación y el actual escenario económico-social.
Si bien el Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular destacó la importancia de las decisiones tomadas “para el desarrollo económico y social y el fortalecimiento de la institucionalidad en el país, en cumplimiento de la Estrategia Económico-Social”, estas solo se han hecho públicas parcialmente. Hasta tanto no se transparenten los documentos que reflejen el marco regulatorio para todo lo previsto, las disposiciones aprobadas con sus normas complementarias habrá que esperar. La Asamblea dice que informará oportunamente en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, pero qué es “oportuno” y, sobre todo, cuándo.
