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Texto: Redacción Cuba Noticias 360
La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) ha marcado este año 2022 con una maratónica producción legislativa, una acción sin precedentes no sólo por su cantidad, sino por la relevancia de sus contenidos y el peso de que sus cambios traerán en el orden jurídico en la isla.
Según han hecho ver en cada uno de los momentos cumbres de estas acciones, las nuevas leyes y disposiciones normativas responden a los marcos establecidos por la Constitución cubana aprobada en 2019.
El cronograma legislativo de la ANPP comprendía la aprobación este año de 27 Leyes, junto a 14 decretos leyes que serían aprobados por el Consejo de Estado.
Entre las Leyes está el Código de las Familias, aprobada en referéndum popular y quizás la más llamativa de todas, pero también se encuentran el Código Penal, la Ley del Proceso Penal, la Ley del Proceso de Amparo de los derechos constitucionales, la Ley del Proceso Administrativo, y la Ley Electoral, entre otras.
Cuba Noticias 360 te propone un breve repaso de algunas de las Leyes más importantes aprobadas en 2022 y las características más relevantes de las misma para la sociedad cubana.
Código de las Familias
El Código de las Familias trajo consigo importantes cambios normativos, además de la gran relevancia social causado por algunos de sus contenidos. Luego de intensos debates, el Código fue aprobado en referéndum en septiembre pasado y a pesar de sus detractores, algunos juristas consideran que el texto legislativo más avanzado del Derecho cubano.
De manera general, el texto ha sido visto como moderno, en concordancia con las legislaciones más recientes a nivel internacional en esa materia, principalmente porque actualiza y permite un orden jurídico familiar de acorde a la Constitución cubana.
Entre sus aspectos más visibles ha estado la protección de todas las expresiones de la diversidad familiar, el combate a cualquier expresión de discriminación o violencia, el reconocimiento del matrimonio igualitario, la ampliación de los derechos y protección legal de los cónyuges, los menores de edad, las personas discapacitadas y los adultos mayores.
Código Penal
Del nuevo Código Penal también se ha hablado mucho en ambas direcciones. En cuanto a los aspectos positivos, algunos especialistas han reconocido el esfuerzo por la modernización y actualización de la norma que podría equipararse con las más recientes tendencias de la doctrina penal internacional.
Además, entre los elementos a valorar positivamente están la eliminación de la figura de la peligrosidad social predelictiva, la limitación de la duración de la privación de la libertad a un máximo de 40 años, las nuevas definiciones de algunas tipologías penales relativas a la agresión sexual, y las regulaciones sobre delitos medioambientales, cibercriminalidad y violencia de género.
No obstante, la normativa mantiene un alto sesgo represivo y punitivo, algo que caracteriza el Derecho Penal cubano desde la Ley No. 87 de 1999 y que, entre otros elementos, dejó en la norma la prisión perpetua y la eliminación del límite máximo de 20 años de privación de libertad y de 30 cuando se impone en sustitución de la pena de muerte.
Destaca también que la Ley eleva el número de delitos castigables con la muerte a 24 y de delitos que podrían castigarse con la privación perpetua de libertad a 31.
Proceso de Amparo de los derechos constitucionales
La Ley del Proceso de Amparo ha tenido una importancia vital debido a que estable por primera vez desde el triunfo de la Revolución un mecanismo jurídico para demandar a los funcionarios y agentes del Estado por la violación de derechos constitucionales.
Sin embargo, se ha advertido de ciertas limitaciones que ponen en riesgo el ejercicio pleno del derecho regulado, como son la imposibilidad de discutir la constitucionalidad de las leyes, no se podrá utilizar para combatir sentencias de otros tribunales, ni para discutir situaciones que tengan otra vía de solución judicial, y la no garantía de que todos los recursos por violaciones a derechos constitucionales sean admitidos de manera rápida y concentrada en sede judicial.
Ley del Proceso Penal
La Ley del Proceso Penal vino a marcar un cambio de paradigma respecto al debido proceso legal, principalmente por su introducción del principio de justicia restaurativa, que equilibra jurídicamente la reprobación social del delito con el castigo al infractor.
En el ámbito jurídico cubano se ha hablado mucho de esta Ley, sobre todo por un reclamo de año que incumbe a la ampliación de los derechos de las víctimas y el reconocimiento del derecho a la defensa desde el inicio del proceso. Ambos elementos quedaron saldados en la nueva normativa.
Ley de Ejecución Penal
La Ley de Ejecución Penal “responde a la necesidad de instrumentar legalmente la ejecución de actos derivados de la aprobación de la Ley del Proceso Penal, de octubre de 2021 y la del nuevo Código Penal”, según publicó el Ministerio de Justicia cubano.
Entre otras disposiciones, la normativa incluye la ejecución de las sanciones impuestas a personas naturales y norma la manera en la cual se cumplirá la sanción de Pena de Muerte. Además, establece el Control de la legalidad durante el cumplimiento de las Sanciones y medidas de seguridad posdelictivas, terapéuticas o cautelar de prisión provisional.
En el caso de la Pena de Muerte, regulada en el Artículo 23, la normativa expone que “ratificada la sanción de muerte por el Consejo de Estado, el tribunal dispone su ejecución por fusilamiento y el Ministerio del Interior adopta las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento”.
Por otra parte, en su Artículo 1, la Ley describe que su objeto es “Regular la ejecución de las sanciones principales y accesorias impuestas a personas naturales y jurídicas y las medidas de seguridad previstas en la ley penal, definiendo la actuación de los órganos, organismos, instituciones, organizaciones y demás sujetos que participan en su proceso de ejecución; asegurando el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales de los sancionados y asegurados, en correspondencia con los postulados de la Constitución, la legislación vigente y los tratados internacionales en vigor para el país”.
Ley del Proceso Administrativo
La Ley del Proceso Administrativo llegó precisamente para ampliar la variedad de asuntos que pueden ser resueltos mediante las vías jurídicas. Entre algunos otros elementos, los más destacables son los referidos a las reclamaciones ante la confiscación de bienes o contra determinadas resoluciones administrativas.
De manera general, esta Ley regula el proceso para el conocimiento por los tribunales de las pretensiones en relación con los actos administrativos, disposiciones reglamentarias, actuaciones materiales y omisiones de la Administración pública, y de otras entidades y personas en el ejercicio de la función administrativa.
La normativa comprende también que para lo no previsto expresamente en la misma regirá, con carácter supletorio, las disposiciones de la Ley de los Tribunales de Justicia y el Código de Procesos.
Código de Procesos
El Código de Procesos uniforma los procesos para el conocimiento y la solución de los asuntos de las materias civil, familiar, mercantil, del trabajo y de la seguridad social, y la ejecución de las resoluciones judiciales recaídas en ellos.
Uno de los elementos más valorados por algunos juristas es la posibilidad de transformar el régimen probatorio cubano, mediante la concesión de una mayor importancia a la figura del juez activo, otorgándole amplias facultades y competencias en materia probatoria.
Ley de los Tribunales de Justicia
La Ley de los Tribunales de Justicia entró en vigor para definir, organizar y regular en detalle la misión, estructura, composición y funciones del sistema judicial cubano, un elemento fundamental para el correcto funcionamiento de un Estado de Derecho.
Entre sus disposiciones primeras, reglamenta que la función de impartir justicia dimana del pueblo y es ejercida, a nombre de este, por el Tribunal Supremo Popular y los demás tribunales que la ley instituye.
Así mismo establece que la misión de los tribunales es impartir justicia, de conformidad con la Constitución de la República, los tratados internacionales en vigor para el país y la legislación nacional, con sentido de lo justo, racionalidad, transparencia, diligencia, y respeto a las garantías de las partes y demás intervinientes en los procesos judiciales.
Sin dudas, este año ha sido para Cuba el de mayor reforma legal desde el triunfo revolucionario de 1959. No obstante, los cubanos siguen planteando el hecho de que no es suficiente con textos jurídicos que incorporen y reglen principios y derechos básicos en la sociedad, sino la necesidad de incorporar todos esos elementos a la práctica judicial y a la realidad de la isla.
