Foto: Jorge Luis Borges/Cuba Noticias 360
Texto: Mónica Fernández
A un mes de las protestas del 11 de julio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, y la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio emitieron de forma conjunta una hoja informativa que resume información actual y operativa respecto a sus regulaciones y normas pertinentes a las actividades para apoyar el acceso del pueblo cubano a la información en Internet.
“En vista de los recientes acontecimientos, la OFAC y el BIS publican esta hoja informativa para enfatizar el compromiso del gobierno de los Estados Unidos de promover la capacidad del pueblo cubano de buscar, recibir y difundir información, destacando las exenciones y autorizaciones más relevantes pertinentes para apoyar al pueblo cubano a través de la provisión de ciertos servicios de Internet y telecomunicaciones relacionadas” reza el documento, que no contiene nuevas medidas, sino que solo es solo una sistematización de las ya existentes.
Su propósito parece ser aclarar el escenario de sanciones para las personas, entidades o gobiernos que estén interesados en proveer de dicha asistencia. La hoja informativa deja claro que la OFAC y el BIS están dispuestos a colaborar con esas partes interesadas para proporcionar orientación y responder a las solicitudes de licencias específicas. Sin embargo, para muchos cubanos las exenciones resultan contradictorias con la postura tomada por las compañías estadounidenses: incluso si ciertas actividades se permiten, el acceso continúa cerrado para quienes acceden desde la Isla.
¿Qué es lo que autoriza la OFAC?
De acuerdo con la hoja informativa, el Reglamento de Control de Activos Cubanos (CACR), administrado por la OFAC, incluye las siguientes exenciones y autorizaciones para las telecomunicaciones:
- Prestación de servicios relacionados con la comunicación de Internet, incluyendo exportación de equipamientos, acceso a correo electrónico, a plataformas de mensajería, y a aplicaciones. Asimismo, alojamiento web, registro de dominios, diseño de software y almacenamiento en la nube, entre otros.
Sin embargo, por años los programadores cubanos llevan denunciando que cada vez es más difícil acceder a determinados servicios alojados en los Estados Unidos. Durante la administración Trump, más y más proveedores decidieron vetar el acceso desde Cuba para prevenir posibles sanciones legales. Desde pasarelas de pago, hasta repositorios, permanecen vedados a los cubanos.
2. Suministro de servicios de telecomunicaciones, incluyendo el establecimiento de instalaciones in situ para la prestación de servicios que enlacen Estados Unidos o terceros países y Cuba.
En la práctica, esta exención es muy poco probable que se aplique, pues sucede algo similar a las declaraciones del presidente Biden con el suministro de vacunas. El gobierno estadounidense solo está interesado en aprobar una licencia de este tipo si la contraparte cubana no está asociada al gobierno. ETECSA, el único proveedor autorizado por el gobierno cubano y responsable de los cortes a Internet durante las manifestaciones no es un candidato factible. Si el gobierno estadounidense otorga una licencia de este tipo a una empresa no autorizada por el gobierno cubano, este ultimo pudiera considerarlo una acción ilegal. Tomemos como precedente el caso de Alan Gross.
3. Enseñanza y formación a distancia por Internet, incluida la enseñanza a distancia y los cursos masivos abiertos en línea (MOOC), a nacionales cubanos, dondequiera que se encuentren, siempre que el contenido del curso sea de nivel universitario o inferior.
Periodistas y estudiantes han visto con suspicacia este apartado. La plataforma Coursera, el más grande repositorio de cursos masivos abiertos en línea, no está disponible para los cubanos. De igual forma, el Google News Initiative, una plataforma para entrenamiento y aprendizaje para periodistas, tampoco permite la participación de proyectos cubanos.
4. Diseminación de información, incluyendo viajes relacionados a esto.
Por su parte, el BIS autoriza a que ciudadanos privados (no el gobierno cubano o el Partido) importen algunos equipamientos y software. En algunos casos, se puede autorizar la venta al gobierno cubano, siempre y cuando sea para para la creación y mejora de la infraestructura de telecomunicaciones para conectar a usuarios finales específicos: ciudadanos o sector privado, exclusivamente.
En su hoja iformativa, la OFAC y el BIS resaltaron que pueden emitir licencias específicas para solicitudes no contempladas en los casos anteriores.
Queda por ver si la publicación de este documento tiene algún impacto en las políticas de compañías privadas estadounidenses respecto a si dejan acceder a los cubanos a sus servicios.
