Texto: Redacción Cuba Noticias 360
A poco más de un mes del regreso a la aplicación de la ley migratoria estadounidense: Título 8, que que regula la entrada de solicitantes de asilo a su territorio, varias organizaciones no gubernamentales denuncian la poca transparencia y recursos económicos que ha destinado el gobierno mexicano para acoger a las personas que son devueltas a su territorio.
Lo poco que se sabe del pacto legal entre ambos gobiernos, es que las autoridades aztecas se comprometieron a recibir hasta mil personas por día procedentes de Estados Unidos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
En los primeros días, más de 2 400 personas fueron recibidas por agentes del Instituto Nacional de Migración y transportadas en aviones y autobuses a Villahermosa, Tabasco y Tapachula, Chiapas, en un intento por alejarlas de la frontera norte y de organizaciones de la sociedad civil que pueden orientarlas.
Pero esta situación se ha ido desequilibrando a media que pasan los días y los albergues se triplican en su capacidad. En ese sentido más de treintena de organizaciones consideran imperativo que el gobierno mexicano debe reunirse con ellas “para poder entender los alcances y procesos de implementación del Plan Humanitario Conjunto sobre Migración, firmado con el gobierno de Estados Unidos”, publicaron en una carta a través de la Oficina de Asuntos Latinoamericanos del congreso.
Según las ONGs, no “existe un programa público sobre cómo el gobierno mexicano lo ejecutará, qué documentos migratorios proporcionará; cómo atenderá las necesidades básicas de salud, educación, vivienda y trabajo; cómo apoyará a los albergues de la sociedad civil que han sostenido las necesidades de las personas expulsadas; y qué acciones o medidas basadas en el interés superior de la niñez se considerarán para garantizar la unidad familiar.”
De acuerdo a reportes oficiales entre 2021 y 2022 ocurrieron más de 14 000 eventos violentos contra personas expulsadas desde territorio estadounidense bajo el Título 42. En pocos casos ha habido investigación y acceso a la justicia.
Organizaciones como la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR), brindan alimentación, pero no es suficiente. Este año el Instituto Nacional de Migración mexicano, la agencia encargada de detener, detener y deportar a los inmigrantes indocumentados, cuenta con un presupuesto de 90 millones de dólares, además del apoyo de hasta 30,000 efectivos de la Guardia Nacional desplegados para el control migratorio. En contraste, la Comisión Mexicana de Asistencia a Refugiados (COMAR) tiene un presupuesto de 2,5 millones, con 6 millones adicionales proporcionados por ACNUR.
