Texto: Mónica Fernández
El sábado 16 de enero la Vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, viajó a Cuba para “presentar las ventajas y beneficios de la Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y las Garantías de los Derechos Humanos”. Tras reunirse con el presidente cubano Miguel Díaz Canel, Rodríguez anunció ese mismo día en conferencia de prensa la creación de un observatorio binacional para dar seguimiento a las sanciones de los Estados Unidos contra ambos países.
¿Qué tiene que ver Cuba con la Ley Antibloqueo de Venezuela? ¿Cuál es el por qué de esta reunión no anunciada, a pocos días de la toma de posesión del presidente-electo de los Estados Unidos, Joe Biden? ¿Qué sentido tiene el Observatorio? Aquí damos algunas claves para entender este anuncio.
De acuerdo con el sitio web de la Vicepresidencia venezolana, la intención de la ley “es proteger eficazmente a los inversionistas foráneos y evitar con ello su persecución por parte de Estados Unidos (…) bajo formas novedosas de asociación, de sociedad, además de contar con formas especiales de protección a la información”. Fue aprobada en octubre de 2020 por la extinta Asamblea Nacional Constituyente con el objetivo de dar prioridad a la inversión extranjera. La ley otorga amplias libertades al Ejecutivo para tomar decisiones sobre este tema, con un mínimo de fiscalización y la posibilidad de clasificar como confidencial cualquier documentación relacionada con la inversión extranjera, y así evitar que los Estados Unidos puedan acceder a esta información.
La Ley Antibloqueo venezolana tiene algunos puntos de contacto con una legislación cubana que ya cuenta con un cuarto de siglo: la Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas aprobada por la Asamblea Nacional en 1996. Su artículo 6 autoriza “las fórmulas que se requieran para la protección de los inversionistas extranjeros contra la aplicación de la Ley “Helms-Burton”, incluyendo el traslado de los intereses del inversionista extranjero a empresas fiduciarias, entidades financieras o fondos de inversión”. Por demás, es conocida la práctica cubana de crear compañías en paraísos fiscales, con el fin de burlar el embargo económico. El link de oficiales del gobierno con algunas de estas compañías fue divulgado en los Panama Papers.
Dado que ambos países han sido el objetivo de decenas de sanciones estadounidenses y su economía se encuentra en serios aprietos, tiene sentido que hayan decidido aunar esfuerzos para potenciar mecanismos que brinden seguridad a inversionistas extranjeros. Se da ahora el contexto adecuado: cambio de administración estadounidense, renovación de la Asamblea Nacional venezolana sin la participación de partidos opositores, la Unión Europea dejó de reconocer a Juan Guaidó como presidente, Cuba finalmente comenzó el proceso de reordenamiento monetario, cuenta con una nueva Constitución y hace pocas semanas activó la tan esperada Ventanilla Única de Inversión Extranjera…
Es de suponer que el liderazgo en esta alianza la tenga, no el Observatorio, sino el Centro Internacional de Inversión Productiva al que se subordina. Este vendría siendo la contraparte de ProCuba. Visto esto, no extraña que a Delcy Rodríguez la acompañaran el viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo, el viceministro de Comercio Exterior y Promoción de Inversiones, Héctor Silva; la ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, el ministro del Poder Popular para la Salud, Dr. Carlos Alvarado; el embajador de Venezuela en Cuba, Adán Chávez y el presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Asdrúbal Chávez. Ello evidencia que las áreas priorizadas serán salud, ciencia y energía.
No obstante, queda por ver cuán efectivo resulta este plan. Porque de forma paralela al anuncio de Rodríguez desde Cuba, los diarios El País y Armando.Info publicaron el mismo día una investigación conjunta que desmontó el esquema de comercialización de crudo venezolano a través de terceros. Compañías extranjeras pagaban el crudo a las cuentas de PDVSA en bancos rusos, lo llevaban a un puerto en Asia o Medio Oriente, y desde allí lo revendían a terceros países o lo canjeaban por bienes a enviar a Venezuela.
¿Es este el modelo que ampara la Ley Antibloqueo y que propondrá el Centro Internacional de Inversión Productiva a potenciales inversionistas extranjeros? ¿Qué tipo de inversionistas pueden verse atraídos en un ambiente caracterizado por constantes sanciones? ¿La falta de transparencia y fiscalización pública para realizar estos negocios puede dar lugar a potenciales fraudes?
Quedan muchas preguntas, pero lo cierto es que Cuba lleva muchos años evadiendo sanciones de esta forma. Lo que nunca se ha dicho es cuánto ingresan a las arcas públicas por este concepto y qué porciento del gasto público representa.
Y en cuanto a Estados Unidos, queda como el juego del gato y el ratón. Pero el anuncio del 16 de enero hace pensar que los gobiernos de Cuba y Venezuela no son muy optimistas respecto al enfoque que hacia ellos tendrá la Administración Biden. Y se están preparando.
