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Texto: Redacción Cuba Noticias 360
Un juicio público contra tres cubanos responsables de ataques contra instalaciones en La Habana fue celebrado esta semana en la isla, según informaron medios estatales de prensa.
Los encartados, un hombre y dos mujeres, fueron sentenciados con penas de 30, 25 y 20 años de privación de libertad, “en correspondencia con el grado de responsabilidad y las circunstancias agravantes”, asegura un reporte de Cubadebate.
La petición fiscal se basa en que los implicados actuaron “incitados y financiados desde el exterior del país” por lo que se determinaron “responsables en concepto de autores de la comisión de hechos constitutivos de delitos por actos cometidos con artefactos explosivos mortíferos, agentes químicos o biológicos y otros medios o sustancias, así como de propaganda enemiga”.
Estas personas fueron encontradas culpables de lanzar el pasado año varios cocteles molotov contra los archivos del Tribunal Popular Municipal del municipio de Centro Habana y contra la sede provincial de los Comités de Defensa de la Revolución. En este último, según consta en el reporte lesionaron a una persona.
Además, colocaron “carteles contrarrevolucionarios” en varias entidades, actos considerados “violaciones de la ley”, recogidas en el Código Penal y la legislación antiterrorista.
La información amplía que estas acciones “fueron ejecutadas con carácter continuado y preparadas mediante el estudio de los lugares y la planificación”.
Tras su captura, el supuesto cabecilla de los actos dijo en la televisión estatal que estaba patrocinado por Willy González, un cubano residente en EE.UU., “a quien envió el testimonio fotográfico de la ejecución de la acción orientada”.
Según los medios cubanos, estas personas afirmaron que “sus financistas les prometieron ocuparse de sus familias en caso de ser capturados, con el empleo de un fondo de contingencia para ese destino, lo cual no ocurrió”.
En las investigaciones realizadas por el gobierno cubano se pudo comprobar que se le realizaron a los implicados recargas de datos móviles y se envió dinero.
Además, se identificaron a Manuel Milanés, Kiki Naranjo, Alfredo González y Julio González, también residentes en Miami, como “los instigadores de esas acciones con el propósito de desestabilizar el país”.
Coincidiendo con este juicio y su visibilización en los medios estatales, la Gaceta Oficial de la República de Cuba publicó a finales de la pasada semana una resolución del Ministerio del Interior que incluye una Lista Nacional de personas y entidades relacionadas con actos de terrorismo.
La resolución 19/2023 resuelve incluir en dicha lista “a las personas y entidades que en virtud de la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, del derecho internacional y del ordenamiento jurídico interno, han sido sometidas a investigaciones penales y se encuentran buscadas por las autoridades cubanas, a partir de su implicación en la promoción, planificación, organización, financiamiento, apoyo o comisión de actos materializados en el territorio nacional o en otros países, en función de actos de terrorismo”.
El listado incluye a 61 cubanos, entre los que se incluyen influencers, youtubers, periodistas y activistas como Eliecer Ávila, Alain Lambert Sánchez (Paparazzi cubano), Jorge Ramón Batista Calero (Ultrack), Ninoska Pérez Castellón, Liudmila Santiesteban Cruz (Liu Santiesteban) y Alexander Otaola.
