Foto: Roy Leyra
Texto: Darcy Borrero
Con fotos de patrullas y otros carros virados y destruidos por manifestantes el 11-J, Cubadebate publicó 24 días después de los hechos, un texto que ubica en 62 la cifra oficial de personas juzgadas en Cuba por lo que el gobierno considera delitos en torno a las protestas populares en casi todas las provincias del país.
Bajo el titular “Así marchan las investigaciones penales tras los sucesos del 11 de julio en Cuba”, el periodista oficial Oscar Figueredo Reinaldo escribió que “en los tribunales municipales se han juzgado, hasta el momento, 62 personas relacionadas con los sucesos del 11 de julio”. De acuerdo con Figueredo Reinaldo, la información la dio a Cubadebate Joselin Sánchez Hidalgo, magistrado del Tribunal Supremo Popular y Director de supervisión y atención a la población.
“Al decir del magistrado, los ciudadanos que se presentaron a disposición del Tribunal, por los órganos de investigación y la Fiscalía, fueron aquellos que tuvieron una conducta agresiva, violenta y dañina, constitutiva de delito de acuerdo al Código penal vigente”, se lee en la nota, que además indica que “entre las tipicidades delictivas predominantes se encuentra, en primer lugar, el desorden público”. Del total de juzgados —precisa—, “53 fueron sancionados por este delito, y otros (9), por los de resistencia, desacato, instigación a delinquir y daño”.
Mediante iniciativas de la sociedad civil se han podido registrar hasta el momento 21 casos de personas juzgadas. A diferencia de la información oficial, la ciudadana, aunque es un subreporte que se realiza con trabas para la seguridad de los datos y quienes los aportan y recogen, da detalles como nombres y apellidos de las personas detenidas, edad, estado de la causa, provincia y lugar de residencia, fecha de nacimiento y de detención, entre otros detalles que se confirman directamente con familiares y mediante redes sociales.
“Gracias a la presión en las redes y otras acciones mediáticas, Gabriela Zequeira de 17 años, Anyelo Troya, Alexander Diego Gil Valle y Carlos González Acosta, se encuentran hoy bajo prisión domiciliaria en espera de apelación, que puede demorar 2 meses”, publicó Salomé García Bacallao, una de las ciudadanas que realizan la labor documental.
En cambio, —reflejó Garcia Bacallao—, “Alexander Fabregas Milanés, Alexander Rodríguez Cárdenas, Annia Romero Fonseca y Yanay Bárbara Solaya Baruh, Armando Sardiñas Figueredo, Damián Acevedo Quintana, Dashiel Alfonso Catá, Deysi Del Cueto y Yeralis Del Cueto Delgado, Gerleys Rodríguez Regalado, Juan Dennys Rodríguez Gómez, Lisandra Felgueira, Mayra Taquechel Louit, Orquídea León Prieto, Silvio Herrera Arango, Yeneisy Hernández Martínez y Yohana Callejo Estrada, continúan cumpliendo su sentencia de entre 8 meses y un año en prisión”. “Al contrario de lo que dice Cubadebate ninguna de estas personas fue violenta, sino que fueron violentadas por la policía”, considera la joven graduada de Conservación de Patrimonio.
Puntualizó que la mayoría de los juicios han sido en La Habana, pero la iniciativa que cuenta con el liderazgo jurídico de la abogada Laritza Diversent ha registrado también juicios en Villa Clara y Sancti Spíritus.
Personas que han presenciado los juicios sumarios colectivos y a las que tuve acceso, revelan que les ocultaron información sobre estos, las causas, expedientes judiciales e incluso, en los primeros momentos, sobre el paradero de sus familiares detenidos.
Juana Rizo, esposa de Juan Dennis Rodríguez Gómez (31 años), recuerda en el juicio, entre los 12 acusados, a Anyelo Troya y Carlos Acosta, liberados en espera de apelación, y Armando Sardiñas (20 años), quien “está preso con sanción de 10 meses a un año de privación de libertad”. Yaquelín Salas, esposa del acusado Dashiel Alfonso, otro de los juzgados junto a Juan Dennis, dio su testimonio a Cubanet. Las declaraciones de ella y de Juana coinciden. Ambas fueron las únicas con abogados presentes defendiendo a sus esposos. Juana opina que el Fiscal se desviaba mucho del asunto: “Preguntaba por convicciones ideológicas, qué significaba para ellos ‘Patria y Vida’, por qué protestaban.
Los abogados decían que se estaba desviando del tema, que lo estaban politizando. Y la jueza preguntaba quién tenía hijos y en qué trabajaban”. “Algunos decían que no estaban: ‘fui a buscar cigarros, iba para mi trabajo, iba para mi casa, fui a botar la basura’, porque había gente que vivía cerquita de donde los cogieron. ¿Y en qué se basan las autoridades? ¿En qué se basa el Fiscal? ¿En que les revisaron el teléfono ilegalmente a miles de personas? ¿Con qué orden lo hicieron? Si tenían patrón de seguridad los móviles, los hackearon. Y a pesar de eso mucha gente negaba haber filmado videos.
El Fiscal se basaba en ‘pruebas documentales’, que son investigaciones de la policía y del jefe del sector. Trabajaron muy mal porque ni siquiera tenían denunciantes serios que pudieran dar fe de haber visto a los acusados en las protestas”, destaca y reafirma que los juicios fueron grabados. Habrá que ver con qué fines y si van a estar disponibles para periodistas amparados en la venidera Ley de Transparencia.
