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Texto: Hugo León
Cerca de 20 estados con liderazgo repulicano demandaron este martes a la administración del presidente Joe Biden ante un juez para bloquear el programa de parole humanitario que comenzó a inicios de este mes.
La iniciativa, que permite la entrada mensual por vía legal de 30 mil migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, fue anunciada como un intento de controlar la entrada de miles de personas a Estados Unidos a través de su frontera con México, que devino en una de las mayores crisis migratorias que ha enfrentado la nación norteña en décadas.
Esto, sin embargo, fue visto por Texas y otros estados republicanos como un exceso del poder presidencial. En tal sentido, la demanda defiende que el Gobierno no tiene derecho legal a otorgar un permiso humanitario así a migrantes, sino que el Congreso es quien debe hacerlo, caso por caso, y por razones humanitarias urgentes, o por un beneficio público significativo.
De acuerdo con medios locales, la demanda fue impulsada además por el grupo America First Legal, y refiere que el Gobierno tiene un poder “excepcionalmente limitado” para otorgar ese beneficio migratorio.
Además de Texas y Florida, los otros estados que impulsan la demanda son Alabama, Alaska, Arkansas, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Ohio, Montana, Nebraska, Tennessee, Carolina del Sur, Utah, West Virginia y Wyoming.
Estos territorios señalan que el programa de parole humanitario es ilegal porque todavía no ha pasado por el proceso de notificación y comentario público contemplado bajo la Ley de Procedimiento Administrativo.
La querella apunta tres puntos como fallas: en primer lugar, que no se aplica caso por caso, que no obedece a razones humanitarias urgentes y que no aporta ningún beneficio público significativo.
El programa de Biden probó en apenas unas semanas ser expedito, al menos en los casos cubanos, pues se conoce de varios beneficiarios que ya están en territorio norteamericano gracias a esta nueva opción.
Se trata de una nueva vía mediante la cual una persona residente en los Estados Unidos con estatus legal pueden optar por ser patrocinadores de una persona de los países beneficiados -Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua- y deben demostrar que poseen suficientes recursos financieros para recibir, mantener y apoyar al migrante durante la duración del parole.
Luego de aprobada su solicitud, al beneficiario en el país de origen se le aplica un procedimiento para probar sus antecedentes de seguridad nacional y seguridad pública y deben pagar por su cuenta el pasaje desde el lugar en que se encuentran hasta Estados Unidos.
