¿Es Texas el nuevo Gilead? El derecho al aborto pierde terreno en Estados Unidos

Texto: Mónica Fernández

Este 1 de septiembre entró en vigor en el estado de Texas la ley más estricta respecto al aborto que ha sido aprobada en los Estados Unidos.

Esta ley prohíbe realizar un aborto una vez se detecte el latido del feto. De acuerdo con especialistas médicos, esto generalmente sucede en la sexta semana de gestación, cuando muchas veces ni siquiera la mujer sabe que está embarazada. La ley solo autoriza el aborto en caso de emergencias médicas, pero no para embarazos producidos a consecuencia de una violación o incesto, como tampoco por problemas del feto incluso si no es viable tras nacer. No solo se prohíbe a los médicos realizar el procedimiento, tampoco permite que una tercera persona lo pague o tan siquiera que ayude a una mujer a obtenerlo.

La ley está diseñada de forma tal que, en caso de ser realizado un aborto tras las primeras seis semanas, la responsabilidad legal cae en quien lo hizo o quien ayudó. La ley no penaliza a la mujer, pero hace imposible que pueda acceder al servicio.

Otra de sus peculiaridades es que deposita en los ciudadanos la responsabilidad de denunciar un aborto: cualquier persona puede presentar una demanda contra quien realice o pretenda realizar un aborto prohibido, o que ayude o instigue a realizarlo. Como señaló la historiadora Rachel Michelle Gunter, funciona de forma similar a las leyes relativas al tratamiento de esclavos fugitivos, que ponían en manos de los ciudadanos privados el cumplimiento de la ley.

Para ello, se basa en un incentivo económico: la ley establece una compensación mínima a pagar de $10 000 sin límites de hasta cuanto se pueda pedir. Y está especialmente diseñada para poner a los demandados en desventaja financiera, exigiéndoles que paguen sus propios honorarios legales y los de los demandantes si estos ganan.

¿Qué significa que entre esta ley entre en vigor?

Más allá de lo controversial de esta ley, la razón que ha levantado mayores preocupaciones es el inmovilismo de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Con una votación de 5 a 4, se negó a bloquear la entrada en vigor de la ley mientras continúan las impugnaciones legales contra ella en los tribunales inferiores.

La clave en por qué no se bloqueó está en los tecnicismos anteriormente descritos. Como la ley no criminaliza directamente al aborto y se enfoca en demandas civiles, se limita la responsabilidad del Estado respecto a si la legislación viola derechos constitucionales. De esta forma, si las clínicas y organizaciones que proveen servicios de aborto desean bloquear la ley, en lugar de demandar al gobierno estatal, deben dividir sus recursos demandando a cada uno de los tribunales estatales y locales donde los ciudadanos particulares pudiesen interponer sus denuncias. Es un proceso desgastante y financieramente inviable.

Pero, sobre todo, la decisión de la Corte Suprema barre con el precedente anterior que, hasta el momento, había protegido el derecho al aborto: Roe vs. Wade.

¿Por qué es tan importante el precedente de Roe vs. Wade?

Roe vs. Wade fue una decisión histórica de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que en 1973 dictaminó que la Constitución protege la libertad de una mujer embarazada para elegir abortar sin una restricción gubernamental excesiva.

El litigio se refiere a la demanda federal interpuesta por Norma McCorvey (quien usó el alias de Jane Roe) contra el fiscal del distrito de Dallas, Henry Wade. Este último como representante del gobierno local – coincidentemente, en Texas – cuyas leyes restrictivas no le permitieron a McCorvey terminar su tercer embarazo. La demanda llegó hasta la Corte Suprema, que dictaminó a favor de la demandante y sentó un importante precedente: definió el acceso al aborto como un derecho fundamental durante el primer trimestre de un embarazo (23-24 semanas). A partir de esa fecha, los gobiernos locales podían regular o prohibirlo.

Muchos piensan en el caso Roe vs. Wade legalizó el aborto en los Estados Unidos. Esto no es correcto. Lo que hizo fue cambiar la forma en que los Estados pueden regular el aborto, y lo caracterizó como algo que estaba cubierto por los derechos constitucionales de privacidad. Aunque es improbable que se anule por completo como precedente, el derecho al aborto puede cambiar mediante decisiones posteriores, ya que ni la Constitución de los Estados Unidos ni ninguna ley federal incluyen el derecho al aborto. Es – hasta el momento – un derecho sustentado solo en precedentes judiciales.

Es por ello por lo que algunos Estados (Texas y Mississippi a la vanguardia) han seguido aprobando leyes que contradicen a Roe vs. Wade. Si esas leyes se impugnan hasta llegar a la Corte Suprema, esta tendrá que volver a examinar la cuestión y decidir hasta dónde pueden llegar los derechos de privacidad. En esta ocasión, la Corte Suprema se limitó a no bloquear la ley de Texas mientras esté en los tribunales, pero eventualmente es posible que tenga que analizarla y dictaminar al respecto. Y en su próxima legislatura, que comienza en octubre, tiene ya programado decidir si Roe vs. Wade debe ser anulado en un caso de Mississippi relativo a una ley estatal que prohíbe la mayoría de los abortos después de las 15 semanas y que ha sido bloqueada por los tribunales.

Y no son solo las leyes de Texas y Mississippi. De acuerdo con el Instituto Guttmacher, 2021 ha sido el peor año el derecho al aborto desde el punto de vista legislativo. En lo que va de año ya se han promulgado más restricciones al aborto (90) que en cualquier otro año desde que se dictó la sentencia Roe vs. Wade en 1973. Cada una de ellas está diseñada para desgastar el sistema.

¿Puede hacer algo el gobierno federal?

La postura de la Corte Suprema es una de las consecuencias de una mayoría de jueces conservadores. Recordemos que el presidente Donald Trump tuvo la singular oportunidad de nominar y confirmar a dos jueces. Dado que es un cargo vitalicio, esto es algo que pocos presidentes han podido hacer. Ahora, una Administración demócrata se encuentra lidiando con una Corte Suprema de corte altamente republicano.

Por tanto, la reacción de la Casa Blanca no se hizo esperar. El presidente Biden prometió que lucharía para proteger el derecho constitucional al aborto y denunció que la ley de Texas perjudicará el acceso de las mujeres a la atención sanitaria. En sus manos está el emitir una orden ejecutiva, pero dado lo divisivo que es este tema incluso dentro de las filas demócratas, es poco posible que se decida a tal gasto de capital político.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció que planea presentar una legislación que convierta en ley a Roe vs. Wade, tan pronto como la Cámara regrese del receso el 20 de septiembre. Se refiere a la Ley de Protección de la Salud de la Mujer propuesta por la congresista Judy Chu. Sin embargo, dados los conflictos internos del Congreso y el Senado, no es probable que esta propuesta avance.

Varios expertos legales aseveran que el resultado de la revisión del caso de Mississippi en octubre puede influir a que otros Estados adopten el enfoque de Texas. Si la Corte Suprema socava Roe vs. Wade, es posible que decenas de leyes “durmientes” (aprobadas a la espera de que se revoque Roe vs. Wade) entren en vigor, haciendo inaccesible el aborto en gran parte del país.