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Texto: Hugo León
Desde la misma sala en la que se ha visto a un serio Esteban Lazo por estos días inquiriendo hasta cuándo se estará hablando de problemas sin resolver en la productividad y la escasez de comida en Cuba, llegan ahora las palabras del principal magistrado del país para dejar claro que la pena de muerte sigue siendo una sanción vigente en la isla.
Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular cubano, recordó en las sesiones de este jueves del Parlamento que la pena de muerte está incluida en el Código Penal por diversos motivos, entre ellos para defender al Estado y a la revolución.
“Hace 20 años que en Cuba no se aplica una sanción de muerte. Hay una actitud en ese sentido de no aplicarla”, dijo el funcionario. Pero eso no quiere decir que no exista, agregó.
Según explicó, esa pena está presente en varias figuras delictivas, las más graves, y “también está en los hehcos asociados al delito de terrorismo”.
“La tenemos que tener ahí como un elemento de defensa de nuestra sociedad, como defensa de nuestro Estado, de nuestra revolución, frente a las gravísimas amenazas en las que permanentemente vivimos”.
Acto seguido, mencionó que existía la pena para ser aplicada contra los hechos que agreden la vida y la tranquilidad ciudadana.
Tal planteamiento llama la atención porque sólo se escucha hablar a las autoridades de “tranquilidad ciudadana” como elemento contra las protestas pacíficas en el país, asumiendo que estos hechos infringen los derechos de la mayoría, aunque sin explicar por qué.
Mientras tanto, en lo que va de año han sido asesinadas más de 50 mujeres e incluso se supo de la masacre de una familia entera por un criminal, y aunque el pueblo ha pedido la pena máxima para los agresores, el gobierno no ha respaldado la idea.
El Código Penal vigente en la isla mantiene la pena de muerte en 24 delitos, de los cuales 14 son contra la seguridad del Estado, ocho delitos son específicos de terrorismo, otro más está relacionado con el asesinato y otro referido a quien atente contra la salud pública.
Códigos Penales y Constituciones cubanas previas prohibían expresamente el uso de la pena de muerte por delitos de índole político, pero los dos últimos, aprobados en tiempos de la revolución, han incrementado la cantidad de casos de este tipo. Las últimas ejecuciones fueron en 2003.
