Texto: Hugo León
El fiscal Diego Luciani pidió a inicios de esta semana una pena de 12 años de cárcel para la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, como parte de su alegato final en el juicio que rige desde mayo de 2019 contra la funcionaria.
Luciani señala como causas las supuestas irregularidades en la adjudicación de obra pública durante su período presidencial, entre 2007 y 2015.
Asimismo, solicitó la inhabilitación a perpetuidad de Cristina Fernández para el desempeño de cargos públicos.
En concreto la ex presidenta y actual vicepresidenta de la nación argentina está siendo investigada por supuesta corrupción en la concesión de 51 obras públicas a un empresario afín a la ex mandataria en la región de Santa Cruz, durante los gobiernos de Néstor Kirchner de 2003 a 2007 y su período al frente del país.
Por su parte, Fenández de Kirchner tiene inmunidad política por sus cargos como vicepresidenta y presidente del Senado.
Luego de las declaraciones de los fiscales en su contra, pidió una ampliación de su declaración indagatoria para el martes, al sostener que los fiscales montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas, escribió en Twitter en su perfil oficial.
Según ella, los fiscales hicieron esto en violación del principio de defensa en juicio, ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia. Sin embargo, este pedido fue desestimado, según publicaron medios argentinos.
Entretanto, el gobierno de la nación albiceleste calificó de persecución judicial y mediática el proceso contra Cristina.
Para que la sentencia sea ejecutada ésta tiene que quedar ratificada por la Corte Suprema de Justicia, por lo que, incluso si Cristina de Kirchner es condenada, podría seguir en libertad e incluso presentarse como candidata a las elecciones presidenciales y legislativas de 2023.
